Los conceptos de Racionalidad y de Racionalización se aplican en la ciencia y en la praxis de muy distintas formas y en muy diversos contextos. Además, el concepto ha estado sujeto a una gran evolución en el curso de los últimos siglos, sobre todo a partir de la formación de lo que se ha llamado "modernidad" (en el sentido acuñado por Weber que contrapone la civilización moderna occidental a anteriores formas: mágica o religiosa).
En el contexto moderno, "racionalidad" se entiende referida a la acción, y designa aquel tipo de acción humana configurada de forma que permita obtener ciertos objetivos ("racionalidad instrumental"). Como definía Rescher (1993): la racionalidad consiste en la inteligente persecución de fines adecuados.
En el campo de la lógica de la decisión, racionalidad es un constructo "normativo", es decir, situado en el campo semántico de lo valoral, un campo no metrizable, y en el que no es posible aplicar métodos de medición y comprobación empírica. Por tanto, el concepto de racionalidad (referente a la decisión) no es operacionalizable.
Bajo el nombre de elección racional se engloban una serie de perspectivas teóricas de las distintas ciencias sociales que comparten las siguientes características:
Compromiso con el individualismo metodológico, es decir, los fenómenos sociales deben explicarse a partir de acciones de los individuos. Se ilustra este argumento recurriendo al estudio clásico de Weber sobre la relación entre ética protestante y desarrollo capitalista. Si deseamos relacionar dos hechos macro, como la ética protestante y el desarrollo del capitalismo, debemos hacerlo a través de lo micro: cómo la ética calvinista (nivel macro) proporciona una serie de valores a los individuos (nivel micro), que actuando en búsqueda de señales para su salvación eterna (nivel micro), producen como efecto no querido un tipo de relaciones sociales que facilita el desarrollo del capitalismo (nivel macro). La explicación podrá enfatizar alguna de las uniones entre estos nodos macro y micro, pero no saltársela, no se puede ir directamente de lo macro a lo macro1. Este individualismo metodológico no necesariamente es ontológico, esto es, se puede reconocer la existencia de otras entidades sociales que no pueden descomponerse en última instancia sólo en el agregado de individuos que la componen. Lo importante es el fundamento micro de las explicaciones sociales. Por supuesto, tampoco afirma que todos los procesos sociales sean resultado de acciones conscientes de los individuos. De hecho, uno de los campos de estudio más propiamente sociológico es el de los efectos no queridos de la acción o resultados emergentes de agregados individuales (es decir, resultados que son distintos a la suma de las partes), como hemos señalado en el clásico estudio de Weber sobre ética protestante y espíritu del capitalismo.
Podemos dar cuenta del comportamiento suponiendo en principio que la acción social es elección racional: dados los medios de que disponga el individuo y sus fines, tratará de alcanzarlos de la mejor forma posible. El investigador debe esforzarse por buscar esta racionalidad instrumental en las prácticas que pretende explicar, a pesar de que a primera vista parezcan conductas irracionales. El mérito de la racionalidad si podemos dar cuenta de una acción diciendo que es racional no necesitamos añadir más hipótesis.
Estos principios básicos pueden entenderse como una teoría general de la acción, que relaciona lo objetivo, lo subjetivo y su síntesis, las acciones sociales. Lo objetivo se refiere a las restricciones a la acción, como veremos más adelante. Lo subjetivo es entendido como las preferencias de los actores, incluyendo la interpretación que hagan de la situación. Las acciones son producto de esta relación entre objetivo y subjetivo, un producto mediado por la racionalidad instrumental. Relacionamos acciones, preferencias y restricciones mediante dicha racionalidad instrumental, pues suponemos que el agente elige entre varios cursos posibles de acción, intentando maximizar su utilidad (o minimizando sus costes) sujeta a restricciones. El esquema explicativo habitual consiste en dar prioridad a las restricciones, dejando invariantes las preferencias, tanto entre individuos como en un mismo individuo a lo largo del tiempo, o justificando fuertemente sus variaciones, pues, de no ser así, proliferarían las hipótesis ad hoc, mediante el sencillo recurso de variar las preferencias según convenga. También plantea que la relación entre esta tríada puede ser variable, pues las acciones pueden modificar las preferencias (comportamientos deliberados para modificar los gustos o el carácter) o las restricciones (como las inversiones). Así mismo, las restricciones pueden determinar las preferencias. Las preferencias sobreadaptativas son aquellas en las que “de la necesidad se hace virtud”. Es decir, situaciones de conformismo forzado ante la dificultad objetiva para modificarlas.
La teoría de la elección racional trata de explicar la conducta humana. Para lograr ese fin en cualquier caso debe proceder en dos pasos:
Determinar que hará una persona racional en las circunstancias.
Verificar si es eso lo que hizo realmente la persona.
El argumento principal de la elección racional es el resultado de tres decisiones óptimas:
Debe ser el mejor medio para realizar el deseo de una persona dadas sus creencias.
Las creencias en si mismas deben ser optimas dada la prueba de que dispone la persona.
La persona debe reunir una cantidad óptima de pruebas, ni demasiadas, ni muy pocas. Esta depende tanto de sus deseos, de la importancia que le asigna a la decisión y de sus creencias acerca de los costos y los beneficios de reunir más información.
Según David Hume la razón es y solo debería ser la esclava de las pasiones; pero sin llegar al punto de que la razón ceda a las pasiones (al capricho).
Analicemos la declaración de Hume:
Implica que la noción de deseos racionales carece de sentido. La razón no puede dictar a las pasiones cuales deberían ser sus objetos. Sin duda hume habría concedido que la razón puede ser útil para eliminar los deseos incoherentes como puede ser querer una torta y comerla al mismo tiempo, pero por otra parte las pasiones no son sometidas a la evaluación racional. Uno puede no gustar de un deseo o incluso pensar que es inmoral, pero no tiene ningún sentido condenarlo como irracional.
¿Cómo puede fracasar por indeterminación la teoría de la elección racional?
En general hay dos formas de indeterminación. Puede haber varias que sean iguales y óptimamente buenas, o puede no haber ninguna acción que sea al menos tan buena como todas las otras.
Consideren una indeterminación de la acción dados los deseos y las creencias. A menudo surgen múltiples óptimos. Por ejemplo soy completamente indiferente ante dos compotas de marca heinz en un supermercado. Deseo una de ellas pero no importa cual.
Otro ejemplo, un gerente puede maximizar las ganancias de dos maneras diferentes: mediante un bajo volumen de ventas con altas ganancias por venta o un alto volumen de ventas con bajas ganancias por venta.
“No hay situaciones de elección en que los óptimos múltiples tiendan a surgir sistemáticamente” 1.
Surgen casos en que no hay ninguna opción óptima para creencias y deseos dados cuando la gente no puede comparar y clasificar todas las opciones. Si hay varias acciones de las cuales ninguna es mejor puedo ser incapaz de decir cual prefiero entre ellas y también incapaz de decir que son igualmente buenas.
Las decisiones importantes a menudo implican opciones inconmensurables. Por ejemplo ir a la universidad de caldas o a la universidad nacional, suponiendo que ambas me atraigan mucho, es una elección de carrera y de estilo de vida. Tal como son las cosas sé muy poco acerca de ambas para tomar una decisión racional. Empieza un análisis de que será mi porvenir como profesional.
La decisión que tomo no puede ser analizada por la teoría de la elección racional como superior, como lo es arrojando una moneda.
Las creencias son indeterminadas cuando la prueba es insuficiente para justificar un juicio sobre la probabilidad de los diversos resultados de la acción. Esto puede suceder de dos maneras principales: por la incertidumbre, en especial sobre el futuro, y por la interacción estratégica.
Ejemplo: la decisión de una firma acerca de cuanto invertir en investigación y desarrollo. Para decidir racionalmente la firma debe estimar el resultado probable de la inversión, que probabilidades hay que sus actividades innovadoras conduzcan a una situación provechosa, así como las inversiones hechas por otras firmas y el probable resultado de ellas. Ahora el resultado de las actividades innovadoras es inherentemente incierto. La firma no puede prever con ninguna precisión si obtendrá buenos resultados o saldrá con las manos vacías.
Aun en el caso de que la firma pudiera estimar las probabilidades de hacer una innovación provechosa, tampoco puede estar segura de encontrarlo antes que otras firmas. Cuanto más invierta una empresa en investigación y desarrollo mayores serán sus probabilidades de llegar primero.
La decisión racional podría ser la de no invertir en absoluto. Pero es posible que otras firmas decidan hacer lo mismo. Si todas ellas deciden invertir poco, nuestra firma debería invertir mucho.
Puede tener riesgos decidir cuanta prueba reunir. Si la situación es altamente estereotipada como suele serlo un diagnostico medico, sabemos muy bien los costos y los beneficios de la información adicional en situaciones que son únicas, nuevas y urgentes como librar una batalla o ayudar a la víctima de un accidente, tanto los costos como los beneficios son altamente inciertos. Esta el riesgo de actuar demasiado pronto con muy poca información y el riesgo de demorar tanto que es demasiado tarde.
Si supiéramos decir cual riesgo es el mayor, pero no tenemos ninguna base para decidir racionalmente si se debe correr el riesgo para adquirir ese conocimiento. Así es como debemos actuar arbitrariamente. Entre estos dos extremos suelen estar la mayoría de elecciones de la vida cotidiana. “Como no puedo esperar tomar una decisión optima deberé arreglarme con una que sea bastante buena”.
La primera misión de una teoría de la elección racional es ser clara acerca de sus propios límites.
Otras formas de irracionalidad pueden ser ubicadas en varios niveles de la figura. A veces la gente no elige lo que cree que es el mejor medio para realizar sus deseos. Si ello sucede por error no es irracional. Lo es si la gente actúa a sabiendas y deliberadamente. Ejemplo: cuando alguien decide dejar el cigarrillo y le ofrecen uno, sus deseos le dicen que lo rechace, pero no obstante, lo acepta. El culpable aquí es la debilidad de la voluntad, la vulnerabilidad a deseos que reconoce como más débiles que los deseos que señalan en la dirección opuesta. Cuando triunfan los deseos más débiles debe ser porque en cierto sentido son más fuertes, no más fuertes como razones, sino más fuertes como pura turbulencia psíquica.
Supongamos que inicialmente la evidencia no apoya la creencia que yo deseo sea cierta. Entonces procedo a reunir mas pruebas ajustando y actualizando mis creencias a medida que avanzo. Si en algún punto la suma total apoya mi creencia preferida me detengo. Entonces de verdad puedo decirme y decirles a otros que mi creencia esta apoyada por las pruebas disponibles a diferencia del deseo que simplemente va en la superficie de las pruebas.
Nuestra vida puede ir mal debido a que los deseos que tenemos son irracionales. Dado que se discute la noción misma de deseos racionales e irracionales, se puede dar inicio mediante un ejemplo muy controvertido. Si mis deseos se centran mucho en el presente de modo que no realiza una planificación de largo plazo, es probable que sufra a la larga. Este ejemplo sugiere una definición de los deseos racionales: son tales deseos que dadas nuestras oportunidades nos hacen tan felices como es posible.
El punto de partida de este análisis son los comportamientos individuales, explicados bajo la premisa de la racionalidad; es decir, bajo el supuesto de que de entre todas las acciones viables, los individuos toman las que mejor permiten aproximarse a los fines por ellos perseguidos. Y una cuestión fundamental a determinar es bajo qué características de un sistema económico -que es el conjunto de instituciones que establecen las vías de interdependencia entre las acciones de los diferentes sujetos- la racionalidad individual conduce a un resultado colectivamente deseable.
El planteamiento más famoso acerca de cómo las acciones guiadas por la búsqueda egoísta de los intereses individuales -en un cierto marco institucional- puede conducir al máximo bienestar colectivo, es la de Adam Smith. Smith ofrece la hipótesis -analizada con rigor y exhaustividad a lo largo de este siglo por la Teoría del Equilibrio Económico General- de que un contexto institucional de mercados perfectamente competitivos actúa como una mano invisible que reconduce la fuerza de los intereses egoístas en favor del bienestar colectivo: "No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo..." (1776, p. 17) 2
"Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. (...) Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios" (1776, p. 402) 3
Sin embargo, la observación empírica ha dejado en evidencia que en otros contextos institucionales, el resultado global que se deriva de acciones guiadas por el mero interés individual puede distar mucho del que se seguiría de una racionalidad colectiva. La Teoría de Juegos reúne el conjunto de conceptos y técnicas específicos desarrollados para explicar estas cuestiones. El siguiente juego -que tiene la simple estructura del llamado "Dilema del prisionero"- permite ilustrar cómo la racionalidad individual puede conducir a un resultado socialmente ineficiente. Consideremos dos pescadores que acuden a un mismo caladero en el que la abundancia de las capturas a final de año depende de que la pesca en la época inicial de reproducción del pescado sea muy reducida. Cada uno de los pescadores tiene ante sí dos opciones: respetar la época de reproducción (R) o no respetarla (NR). Suponemos que ninguno de ellos tiene ninguna restricción (legal, moral o fruto de acuerdos con capacidad coercitiva entre los pescadores) para adoptar la decisión que consideren oportuna; es decir, se encuentran en una situación de "libre mercado". Si ninguno respeta la época de reproducción de los peces, cada uno de ellos obtiene dos toneladas de capturas al principio de la temporada, y el pescado queda esquilmado para el resto del año. Si los dos la respetan -es decir, ninguno pesca nada al principio de la temporada- ello permite a cada uno de los pescadores obtener tres toneladas al final del año. Por último, si uno de ellos no respeta el período de reproducción y el otro sí, durante dicho período el primero de los pescadores obtiene tres toneladas mientras el segundo no obtiene nada; y en la etapa posterior de la temporada, con el caladero semiesquilmado, cada uno de ellos obtiene una sola tonelada adicional. En la típica forma matricial de exposición de la Teoría de Juegos, las capturas totales a final de año en función de todas las posibles combinaciones de acciones de los agentes son las siguientes (en cada recuadro, la primera cifra indica las capturas totales del pescador 1, y la segunda cifra las del pescador 2):
| R | NR | |
| R | 3,3 | 1,4 |
| NR | 4,1 | 2,2 |
La Teoría de Juegos predice que en esta situación ambos pescadores optarán por no respetar el período de reproducción. Por tanto, la racionalidad individual conducirá al peor resultado colectivo al que se podía haber llegado. Cabe insistir en que la razón de este pésimo resultado no es una consecuencia necesaria de que las decisiones se tomen egoísta e individualmente. El problema es que, en el caso del ejemplo, no se cumple una de las condiciones necesarias para que un sistema económico sea eficiente. La condición que se debería cumplir es que todas las consecuencias positivas o negativas de cada acción recaigan sobre el sujeto que toma la decisión correspondiente.
Cuando esta condición se cumple, los beneficios que individualmente recibe el sujeto decisor como consecuencia de su acción, coinciden con todos los beneficios sociales (se apropia de todos los beneficios); y, a su vez, todos los costes que la acción genera para la sociedad en su conjunto coinciden también con los costes que soporta el sujeto. En consecuencia, el análisis coste-beneficio privado que orienta la decisión tomada por el sujeto coincide con el análisis coste-beneficio social que conduciría a la acción óptima desde el punto de vista social; y, por consiguiente, la racionalidad individual conduce a una decisión socialmente correcta. Por el contrario, cuando esta condición no se cumple, se produce lo que se denomina una externalidad; es decir, uno de los costes sociales no está siendo computado por el individuo -es externo al cálculo del individuo, aunque no a la economía- y consecuentemente la decisión individual no es socialmente óptima. Volviendo a nuestro ejemplo, las consecuencias negativas del exceso de pesca en el período de reproducción recaen sólo parcialmente sobre el que decide no respetar el período. Por tanto, las decisiones individuales no tienen en cuenta todos los costes sociales que generan y se produce un equilibrio socialmente subóptimo.
Al igual que sucede en muchas otras esferas de la actividad económica, las decisiones sobre explotación de recursos naturales se ven afectadas con frecuencia por la presencia de externalidades. Como consecuencia de ello, el mercado puede no conducir a decisiones socialmente óptimas en este ámbito. Esta es la cuestión que abordamos a continuación.
Los elementos comunes a la teoría de la elección racional en todas sus versiones serian:
Presupuesto de intencionalidad: las practicas sociales dependen de la intención de los sujetos.
Presupuesto de racionalidad: la acción social es fundamentalmente racional: esta guida por motivos racionales.
Distinción entre información completa e incompleta: no siempre la información que tiene el sujeto es completa ni verdadera.
Distinción entre riesgo e incertidumbre: con frecuencia los seres humanos no tienen una certeza ni una información suficiente sobre la relación entre sus actos y sus consecuencias.
En México, se ha presentado una situación que fue definida históricamente. La reforma del Estado reconvirtió en algo más imperioso que una necesidad.
En el contexto del proceso de renovación del pacto federal, de la lucha por la democracia y la representatividad efectiva de los órganos de gobierno en el ámbito local, es común escuchar en los medios de comunicación masiva sobre las movilizaciones que realizan diferentes grupos de la sociedad para manifestar su apoyo o rechazo a una acción gubernamental; organizarse para conseguir mejoras o beneficios en sus condiciones de vida, así como defender sus derechos y elección de opciones.
Este tipo de actos, cada vez más comunes y ocasionalmente distintos e innovadores, evidencian el surgimiento de una nueva cultura política vinculada a una sociedad más activa, dinámica y sobre todo, cada vez más consciente de la fuerza de su unión organizada y de la factibilidad de sus objetivos. Estos sucesos se observan en diferentes escalas y ámbitos de la vida nacional; manifiestan los rasgos perceptibles de una transformación de las relaciones entre los actores sociales y tienen en común, constituirse en una respuesta social al histórico centralismo que ha prevalecido en nuestro país.
Desde esta perspectiva es posible advertir la concentración de diversas presiones sociales que son indicios del cambio en el Estado nacional, de modificaciones en la estructura económica y por lo tanto, de la transformación de las relaciones Estado-sociedad civil.
Esta reforma del Estado se puede apreciar en diferentes dimensiones y aspectos; entre los que destacan los siguientes:
a) la descentralización de atribuciones y recursos a los gobiernos locales.
b) la faceta electoral, protagonizada por los partidos políticos en la pugna por la apertura de espacios a la oposición y el intenso debate que al respecto se genera.
c) el reconocimiento de la madurez social de la ciudadanía para intervenir cada vez en mayor medida en diferentes actos de gobierno, así como el surgimiento de nuevos actores, independientes del corporativismo y con mayor capacidad de participación.
Esta reforma del estado tiene como sello la coexistencia de ideologías y la apertura a la competencia política, es decir, el rechazo al totalitarismo y la aceptación de mejorar constantemente la oferta a la sociedad, con el objetivo de consolidar un Estado solidario y plural, donde las capacidades políticas y el desempeño gubernamental se constituirán en el parámetro de la ciudadanía para fundamentar la elección de sus opciones.
De manera particular, la descentralización de los recursos y atribuciones cobra vigencia a partir de la reforma al Artículo 115 constitucional y, recientemente, con las disposiciones del manejo los recursos del ramo 33 del presupuesto federal, sin embargo, dada su naturaleza y la especificidad del tema, este aspecto de la reforma del Estado se abordará en otra ocasión, en tanto que por los mismos motivos y por la estrecha relación que se aprecia entre las dos últimas facetas, ambas constituyen el tema central del presente escrito.
En primer lugar, para entender el proceso de cambio en la faceta electoral de la Reforma del Estado es necesario revisar sus orígenes a partir del análisis de un periodo plenamente identificable.
Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de la República con un halo de ilegitimidad, producto de la multiplicidad de irregularidades experimentadas en el proceso del 6 de julio de 1988, que desembocaron en la tristemente célebre “caída del sistema”. El PAN propuso como única alternativa para una legitimación a posteriori una reforma electoral que superase las carencias que se evidenciaron en el código anterior. De esta manera, y con el apoyo del PAN, el gobierno federal sacó adelante en octubre de 1989 una reforma constitucional, materializada luego en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y el nacimiento del Instituto Federal Electoral (IFE), instrumentos que serían puestos a prueba en las siguientes elecciones federales de 1991.
Cuatro reformas tendría el COFIPE en el sexenio salinista: la primera en julio de 1992, sin mayor importancia; la segunda en septiembre de 1993, en periodo extraordinario, cuando se reformaron 166 artículos y se introdujeron gran cantidad de adiciones. Poco después, el 23 de diciembre se adicionaron artículos transitorios. Finalmente el 18 de mayo de 1994, como consecuencia evidente del alzamiento zapatista en Chiapas, se verificó la última reforma con modificaciones de gran trascendencia, entre las que destacó la ciudadanización del Consejo General del IFE.
El país recibió el año nuevo de 1994 con la sorpresa del levantamiento guerrillero en Chiapas. Las reivindicaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) incluían sobre todo demandas políticas nacionales, como la realización de elecciones limpias. Fue evidente que esta circunstancia dio pie a la implementación de la mencionada cuarta reforma electoral. Los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia el 23 de marzo de 1994, y el de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre del mismo año, sumergieron a las elites políticas del país en una delicada situación, lo que puso en evidencia una vez más los crónicos rasgos de autoritarismo y centralismo del sistema. La muerte del segundo significó un revés para el grupo renovador dentro del partido oficial.
El sistema político mexicano estaba poco acostumbrado a lidiar con procesos electorales que se complicaran para el partido oficial. Los conflictos postelectorales con el
El 14 de agosto de 1986 apareció en una nota del UnomásUno la primera información sobre el nacimiento en el PRI de una corriente interna democratizadora, que se pronunciaba por la apertura de las vías internas del partido para la postulación de candidatos, en particular el presidencial. Destacaban en dicha corriente personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas y Rodolfo González Guevara.
La fiebre de la sucesión presidencial calentaba ya el ambiente. Los precandidatos más señalados por la prensa fueron llamados a “comparecer” ante el Congreso entre el 11 y el 20 de noviembre de 1986, supuestamente para ampliar información sobre sus áreas de responsabilidad, pero se interpretó el hecho como una verdadera pasarela presidencial.
La cerrazón oficial ante las demandas de los reformistas del PRI fue incrementándose. El 4 julio de 1987, Cuauhtémoc Cárdenas fue nominado precandidato a la presidencia de la república por la Corriente Democrática del PRI. Así se manifestaba abiertamente el proceso de descomposición interna que estaba padeciendo ese partido, profundamente afectado por el derrumbe de su proyecto histórico ante los embates del neoliberalismo delamadridista.
El día 13 siguiente, Cuauhtémoc Cárdenas aceptó ser postulado a la presidencia por el PARM, lo que le valdría ser expulsado del PRI el día 16. A su candidatura se irían sumando partidos como el PST, el PPS, el PSD, el PSR y otros movimientos, que conformaron el Frente Democrático Nacional (FDN). La campaña cardenista cobró una fuerza insospechada, que llevaría al candidato del PMS, Heberto Castillo, a renunciar a su candidatura el un mes antes de la elección a fin de sumarse a la de Cuauhtémoc.
A partir del 13 de febrero de 1987 entró en vigencia el Código Federal Electoral, que en muchos sentidos significó un retroceso respecto a la LFOPPE de 1977. Reprodujo muchos elementos de la vieja Ley Federal Electoral alemanista de 1951. Introdujo la proporcionalidad en la integración partidista de la Comisión Federal Electoral. Esto garantizó a partir de entonces un amplio margen en la mayoría oficialista, que con la LFOPPE siempre se mantenía en un punto muy cercano al equilibrio con la oposición. Otro cambio fue la ampliación del número de curules de representación proporcional de 100 a 200, con la diferencia de que ahora el partido oficial podría participar en el reparto. El nuevo código ya no reconocía personalidad jurídica a las asociaciones políticas, lo que incrementó el poder de los partidos nacionales. Además se derogó el recurso de reclamación que permitía apelar a la Suprema Corte en casos de inconformidad con decisiones del Colegio Electoral. Para compensar esto se creó el Tribunal de los Contencioso Electoral (TRICOEL), pero sus resoluciones no tendrían carácter definitivo, sino que podían ser -y fueron- ignoradas por el Colegio Electoral, que se asumiría a sí mismo como una instancia soberana.
Parecía que el presidente De la Madrid estaba preocupado por los cuestionamientos de la Corriente Democrática, por lo que quiso imprimirle algún barniz de competencia democrática al proceso de selección de su delfín. Finalmente el mecanismo fue dado a conocer por el presidente del PRI Jorge de la Vega: entre el 17 y el 27 de agosto de 1987 tendrían lugar las célebres “comparecencias” de seis “distinguidos priístas” ante los tres sectores del PRI, quienes emprenderían una labor de “auscultación” entre la militancia. Desfilaron así por la pasarela, en orden alfabético, Ramón Aguirre, Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo, Sergio García Ramírez, Miguel González Avelar y Carlos Salinas de Gortari.
Finalmente el 4 de octubre se verificó el destape de Carlos Salinas como candidato del PRI a la presidencia de la República. Este evento, como ninguno de sus predecesores, se vio plagado de resistencias internas y situaciones que cayeron en lo chusco, como el destape en falso de Sergio García Ramírez por parte de Alfredo del Mazo. Podría asegurarse que Salinas prácticamente no contaba con el apoyo de ningún sector de su partido, instituto con el que no había cultivado ninguna alianza previa. Era el candidato del presidente y del grupo tecnocrático gubernamental.
En noviembre se dio un espectacular crack en la Bolsa Mexicana de Valores. Miles de medianos ahorradores se vieron victimados por una evidente estafa que partía de dueños de casas de casas de bolsa, los antiguos banqueros expropiados. El Estado se mostró incapaz de prevenir este desastre y nuevamente perdió puntos de confianza entre la lastimada clase media. Estos fueron elementos generadores de insatisfacción popular que prepararían el campo para la insurrección electoral de 1988.
El 22 de noviembre de 1987 fue electo Manuel J. Clouthier como candidato del PAN a la presidencia de la República, en una convención democrática y con un margen de votos favorables con respecto a sus rivales nunca antes visto en ese partido. Con el neopanista Clouthier el PAN recibiría en su seno a una andanada de empresarios politizados, muchos de los cuales habían participado activamente en las organizaciones gremiales o incluso en el partido oficial. La llamada corriente neopanista, pragmática e impetuosa, quiso a partir de entonces “mandar de vacaciones a la ideología” -en términos célebres de Vicente Fox- y hacerse de una buena vez del poder político.
Era patente que el Frente Democrático Nacional estaba aglutinando a corrientes políticas muy variadas, cuyo común denominador era el rechazo al modelo tecnócrata modernizador que habían impuesto a rajatabla Miguel de la Madrid y su exsecretario Carlos Salinas. Grupos tan tradicionalmente vinculados al PRI como los petroleros, los ejidatarios, los burócratas y amplios sectores de las clases medias, volcaron su apoyo al candidato frentista, algunos abiertamente y otros al momento de acudir a las urnas. Por su parte, la derecha organizada lograba una penetración sin precedente gracias al carisma del candidato panista.
El día 6 se julio de 1988 se verificaron las elecciones presidenciales más controvertidas de la historia contemporánea de México. El sistema “se cayó” y “se calló” -dijo Diego Fernández de Ceballos, comisionado panista en la CFE-, con todas las consecuencias políticas bien conocidas. El evidente desorden y desconcierto oficial que generaron los primeros datos, que dibujaban un escenario de un potencial empate entre Salinas y Cárdenas, impulsó a las autoridades electorales a imponer la astringencia informativa. Las crecientes sospechas de que se estaba preparando un gran operativo fraudulento de segundo piso -al fallar las medidas de primer piso- dio pie a que los candidatos del FDN, el PAN y el PRT se presentaran ante el secretario de Gobernación y los medios para hacer un llamamiento a la legalidad.
Al día siguiente el PRI proclamó su triunfo cuando la CFE aún no había dado a conocer los primeros resultados preliminares. Cuauhtémoc Cárdenas no se quedó atrás y el día 10 también se pregonó ganador de los comicios, a pesar de que su propio sistema de cómputo estaba procesando cifras que daban una ligera ventaja al candidato priísta.
Estas posturas se mantendrían de forma intransigente y fue el factor de origen del enfrentamiento del salinismo con el cardenismo durante los siguientes seis años. La CFE había ofrecido proporcionar información al nivel de sección y su sumatoria durante las 72 horas previas a la terminación de los cómputos distritales. Al llegar ese momento ese flujo se interrumpió, cuando se habían computado un 56% de las actas de las más de 55 mil casillas. El restante 44% no fue nunca dado a conocer.
El 13 la CFE emitió los resultados oficiales de las elecciones presidenciales: Carlos Salinas fue declarado ganador con 9.7 millones de votos -apenas un 25.4% de los empadronados totales-, suficiente para garantizarle a Salinas el 50.7% de los votos efectivos, contra el 31.1% de Cárdenas.
Los partidos del FDN, que en conjunto no habían obtenido en las anteriores elecciones federales más del 10% de la votación, saltaban ahora a casi un tercio de los sufragios, y habían delegado al PAN al tercer lugar con una cifra no lejana de su tendencia histórica. El país estrenaba un perfil político totalmente renovado.
El 13 de agosto quedó integrado el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados con 247 presuntos diputados priístas y 227 de la oposición. El proceso de autocalificación fue conflictivo y desgastante. Éste terminaría hasta el 31 de agosto, apenas a tiempo para que al día siguiente el presidente De la Madrid pudiera rendir su último informe; ya se comenzaba a hablar de una “crisis constitucional” ante la carencia de un poder legislativo constituido. Finalmente la Cámara de Diputados quedó constituida por 260 diputados oficialistas y 240 opositores. El Senado fue integrado por 60 senadores priístas y 4 del FDN que representaban a Michoacán y el D.F. Por 263 votos a favor, 85 en contra y la ausencia de 152 diputados del FDN, el Colegio electoral declararía a Carlos Salinas presidente electo.
El 2 de julio de 1989 se realizaron elecciones locales en Michoacán, Campeche, Chihuahua, Zacatecas y Baja California. Excepto en el último caso, el abstencionismo y el PRI ganaron sin problemas. En Michoacán el triunfo priísta en la elección de diputados locales resultó poco creíble, recordando que el año anterior el FDN conquistó doce de las trece diputaciones federales y las dos senadurías. En estas nuevas elecciones se declaró que el naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD), heredero del cardenismo, sólo había triunfado en seis de los 18 distritos. La evidente alteración de resultados en favor del partido oficial impulsó la airada protesta de los militantes perredistas, que parecían rebasar a sus dirigencias estatal y nacional. Fueron tomadas alcaldías, once de las cuales ya estaban ocupadas por los cardenistas desde 1988.
La respuesta oficial fue la cerrazón, la imposición e incluso la represión violenta. Baja California, en cambio, experimentó un proceso competido y aceptable para la renovación de la gubernatura, que llamó la atención por la volatilidad aparente de las preferencias electorales.
Un año antes en esa entidad había ganado Cárdenas por poco más de dos mil votos a su rival Salinas, y los votos de la oposición habían doblado a los del oficialismo.33 Las tres fuerzas políticas mostraron un interesante equilibrio que dibujó un novedoso esquema tripartita, inusual en nuestro país. Un año después la preferencia electoral se volcaría en favor del panismo, que entonces había sido relegado al tercer lugar. El 2 de julio de 1989 se verificaron las nuevas elecciones, y en ellas se compitieron Ernesto Ruffo Appel del PAN y Margarita Ortega Villa del PRI. El PAN y Ernesto Ruffo supieron capitalizar el profundo malestar que experimentaba la población fronteriza a raíz de la reiterada crisis económica, y pudieron hacerse de gran parte la votación del FDN.
Con ello, el PRI sufrió una rotunda derrota que le hizo perder la gubernatura y nueve de las quince diputaciones locales.
Por primera vez desde el nacimiento del PNR-PRM-PRI, una entidad de la república sería gobernada por un personaje ajeno a ese partido. El 1º de noviembre tomó posesión Ernesto Ruffo como gobernador de Baja California. El 1º de octubre falleció Manuel J. Clouthier en un accidente automovilístico. Surgieron muchas sospechas sobre las condiciones de este accidente, que no han terminado de ser aclaradas.
El 3 de diciembre, con un abstencionismo de hasta el 80%, se realizaron comicios en Guerrero y Michoacán. Nuevamente se repitió el escenario de cerrazón e intolerancia oficiales hacia el PRD. Decenas de alcaldías fueron tomadas, para luego ser desalojados por la policía o el ejército. La violencia volvió a campear en ambas entidades, que ahora dibujaban un escenario político profundamente dividido en dos campos, que en cuestión de votos eran casi equivalentes. Abundaron los asesinatos políticos y en pocos casos se castigó a los culpables.
En febrero de 1990 se realizó la convención nacional del PAN, donde se reeligió a Luis H. Alvarez. Esto significó un triunfo de la corriente pragmática y colaboracionista del partido. Los que no estaban de acuerdo con esta vía formaron el Foro Democrático y Doctrinario, que posteriormente se escindiría del partido.
El 4 de marzo, con motivo del 61 aniversario del PRI, el presidente Salinas propuso la “modernización” de ese partido, que se preparaba para la XIV asamblea nacional, a celebrase a partir del 31 de agosto siguiente. El presidente quiso dar pasos concretos, por ejemplo, para “transparentar” los recursos de su partido. Para ello se le ocurrió pedir el apoyo de los empresarios más beneficiados por su régimen, a los que les solicitó hacer aportaciones de 25 millones de dólares cada uno para integrar un fondo financiero. El suceso fue conocido por la prensa y desató un escándalo que le obligó a recular.
El PRI se encontraba en una etapa de efervescencia, alentada por la aparente voluntad reformista de su presidente del CEN Luis Donaldo Colosio. El retroceso electoral de 1988 movió a muchos priístas a demandar nuevamente la apertura de espacios de participación y la democratización interna del partido. Las propuestas del presidente Salinas parecían ir en ese sentido, y esto impulsó una fuerte corriente autocrítica que se hizo presente en los debates de la XIV Asamblea Nacional.
La dirigencia planteó fortalecer la organización territorial, y así nació el Movimiento Territorial, al que se identificó como “brazo político” de Solidaridad. El 11 de octubre de 1990 el secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, instaló el Instituto Federal Electoral, producto del recién estrenado COFIPE.
El 14 de febrero de 1991 renunció como gobernador de Yucatán Víctor Manzanilla Schaffer. Lo sustituyó interinamente la senadora Dulce María Sauri Riancho. El sistema le cobraba así al exgobernador el haber transigido en el triunfo panista en Mérida. El liberal Manzanilla era sustituido por la conservadora Dulce María Sauri, cuyo perfil ideológico la acercaba al panismo y al sector más tradicionalista de la sociedad yucateca.
En Colima el CEN del PRI no pudo controlar el proceso de selección interna de candidato a gobernador. Se ensayó un novedoso modelo de votación primaria con base en el padrón estatal priísta, que lució sus defectos. La contienda se centró en las precandidaturas de Socorro Díaz Palacios y Carlos de la Madrid Virgen, alcalde de Colima. El operativo preelectoral que los enviados del CEN intentaron desarrollar para garantizar la victoria de la precandidata se estrelló con el operativo de los locales, quienes supieron neutralizar las “mapachadas” con otros métodos tradicionales, como el acarreo y el “carrusel”. El CEN debió aceptar a regañadientes la victoria del precandidato local.35 Esta -y la previa de Nuevo León- fueron las únicas experiencias de selección interna por votación primaria que ensayó el PRI en el sexenio salinista. El resto se definió mediante las “candidaturas de unidad”.
El 18 agosto de 1991 se realizaron elecciones federales en toda la república, que tuvieron una enorme importancia estratégica para el gobierno salinista, que se había visto obligado a contener sus afanes reformadores en el ámbito legislativo por su carencia de una mayoría calificada que le permitiese reformar la constitución.
La maquinaria oficial para la recuperación electoral se fundó en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) que canalizó todos los esfuerzos gubernamentales para el combate a la pobreza y la procuración de servicios públicos. Su implementación fue cuidadosamente planificada e incidió con particular eficacia en las zonas electoralmente problemáticas, como el Estado de México, La Laguna, las colonias populares de las grandes ciudades, las regiones indígenas, etcétera.
Grandes subsidios fueron recanalizados hacia nuevos programas sociales, claramente electorales: tortibonos, leche, pequeña obra pública, campañas de salud, escuela digna, y otros.
Estas elecciones significaron una importante recuperación para el PRI. Con una participación del 60.9% de los electores, este partido logró el 61.8% de los 23 millones de votos válidos, con lo que se aseguró 290 de los 300 distritos y obtuvo 30 escaños de representación proporcional: un 64% de la cámara de diputados. Las elecciones tuvieron como otro de sus resultados el que se retirara el registro al PDM, PRT, PVEM y PT, por no haber alcanzado el 1.5% de los votos.
En San Luis Potosí la mayoría de los partidos de oposición se había unido bajo las banderas de la Coalición Democrática Potosina, bajo el liderazgo del doctor Salvador Nava. El navismo se enfrentaba ahora a una sofisticada maquinaria electoral que gozaba de la amplitud de las arcas oficiales.
El navismo afrontó las enormes desventajas de la competencia por medio de la organización y la movilización, aprovechando al máximo su origen civilista y su distancia real de los partidos políticos que le apoyaban.37 El proceso electoral se caracterizó por la desorganización, la expulsión de representantes de la coalición, el acarreo de votantes y la manipulación del padrón.
Las encuestas preelectorales anunciaron la amplia victoria priísta con una exactitud impresionante. Los medios sólo hicieron la crónica de un triunfo anunciado. Las protestas caldearon el ambiente.
Pero la movilización y la resistencia cívicas no se hicieron esperar. La entrada del palacio de Gobierno fue bloqueada por las mujeres navistas. También se emprendieron otras acciones de protesta, como la “marcha por la dignidad” hacia la ciudad de México que el doctor Nava inició el 28 de agosto. No tuvo que terminarla. El 9 de octubre, luego de 14 días sin poder despachar en el Palacio de Gobierno, se retiró de la gubernatura el priísta Fausto Zapata.
En el ámbito federal, gracias a la nueva mayoría priísta en la cámara de diputados, el 7 de diciembre de 1991 fueron aprobadas las reformas al Artículo 127, que abrieron la puerta a la privatización de las tierras ejidales. El 10 de diciembre se enviaron a la Cámara las reformas al Artículo 130, para otorgar personalidad jurídica a la iglesia, permitir voto a los ministros del culto y autorizar a las agrupaciones religiosas a dedicarse a la enseñanza. La modernización salinista derrumbaba las atalayas consideradas intocables del nacionalismo revolucionario.
En septiembre de 1993 Salinas convocó a los partidos a discutir una nueva reforma electoral, la segunda de su periodo. Nuevamente el PAN se adhirió a las propuestas oficiales y el PRD se mantuvo escéptico, aunque en esta ocasión sí participó en las negociaciones, gracias a la actitud de Porfirio Muñoz Ledo. En esta reforma se logró abrir el senado a la representación de las primeras minorías de los estados, se impusieron topes a los gastos de campaña, se puso fin a la autocalificación en las cámaras, se otorgaron plenos poderes al Tribunal Federal Electoral, se creó la figura de los observadores electorales nacionales y se eliminó la polémica “cláusula de gobernabilidad”.
Sin embargo no se logró la independencia plena de los órganos electorales. El secretario de gobernación continuaría presidiendo el consejo general del IFE.
El alzamiento zapatista de enero de 1994 provocó que el gobierno federal impulsase la firma de un Acuerdo por la Civilidad, la Justicia y la Democracia el día 27 de ese mismo mes, que fue firmado por todos los partidos, excepto el PPS. En ese documento se preveía una nueva reforma electoral para encarar las elecciones federales de agosto. La nueva legislación del 18 de mayo incidió en la vieja demanda perredista de otorgar autonomía verdadera a los órganos electorales.
El consejo general del IFE se transformó radicalmente: los seis consejeros magistrados fueron sustituidos por seis consejeros ciudadanos que eran nombrados por los dos tercios de la cámara de diputados a propuesta de los partidos; los representantes de los partidos perdieron su derecho a voto y se abandonó la proporcionalidad en su representación; los representantes de las cámaras legislativas continuaron siendo cuatro y preservaron su derecho a voto, y el secretario de Gobernación perdió su voto de calidad, aunque continuó presidiendo el consejo general. El oficialismo sólo contaría ahora con tres votos de once. Otros elementos de la nueva reforma fueron la aceptación de los observadores internacionales, el incremento de los delitos electorales tipificados en el código penal, la creación en la Procuraduría General de la República de una fiscalía especial para delitos electorales, la reducción del tope en los gastos de campaña a un quinto de lo anteriormente previsto y alguna regulación en los contenidos de los medios de comunicación.
Las elecciones de agosto de 1994 representaron una nueva sorpresa tanto para los actores como para los observadores. Ya se preveía una confirmación de lo sucedido en 1991, pero en esta ocasión la diferencia fue el volumen de la respuesta del electorado. Aunque el PRI disminuyó un poco su proporción relativa en cuanto a los resultados presidenciales de 1988, duplicó el número de votos recibidos; el PAN multiplicó por 1.6 veces su porcentaje y triplicó su número de votos, y el PRD logró un número total de votos casi idéntico al que registraron los partidos del FDN, pero su peso relativo disminuyó a la mitad.39 El PRI ganó 275 de las 300 curules de mayoría y con su porcentaje de votos podía aspirar a llevarse la mitad de las 200 curules plurinominales, con lo que controlaría el 75% de la cámara de diputados. Sin embargo el nuevo tope del COFIPE de 300 diputados para el partido mayoritario le hizo renunciar a 75 posiciones. El PAN sólo ganó 18 distritos y pudo hacerse de 101 escaños proporcionales adicionales. El PRD sólo ganó en 5 distritos y le correspondieron 64 curules plurinominales. El PT logró diez posiciones de representación proporcional.
Estas elecciones fueron las más observadas hasta entonces. Eso no evitó que se registraran irregularidades, pero su número y gravedad fueron mucho menores que las registradas en 1988. El principal problema fueron las pocas casillas especiales para votantes en tránsito que se instalaron en el país, a las que se dotó de pocas boletas. Con todo, la participación ascendió a casi el 78% de la lista nominal, lo que representó una marca histórica para una elección competida.
La administración presidencial de Ernesto Zedillo mostró altibajos en su vocación aperturista hacia la competencia democrática. A principios de su gobierno quiso trazar una línea clara de separación con relación a su partido, pero luego debió cruzarla para buscar el apoyo político indispensable que le permita continuar la modernización económica neoliberal. Sin embargo, a pesar de su actitud cambiante hacia la modernización política, su gestión permitió algunos avances muy sensibles. El respeto a los resultados electorales dejó de ser la excepción para convertirse en la regla. La reforma electoral de 1996 significó un trascendental paso hacia la confiabilidad de los procesos comiciales federales al ciudadanizar y profesionalizar al organismo responsable de su organización. El poder judicial federal volvió a tener ingerencia sobre la resolución de disputas electorales, ahora sí como última instancia. La nueva legislación, además, permitió una mayor justicia en la representación de las fuerzas en el legislativo, aunque todavía conserva la cláusula de gobernabilidad.
Sin embargo, si tratamos de vincular la postura teórica de la elección racional con nuestra historia. A la vista salta que resulta punto menos que imposible. Los electores que tratan de comportarse con “racionalidad”, terminan ofuscados chocando con los fraudes, chanchullos y demás, artimañas empleados ya no sólo por el partido que por muchos años resulto oficial, sino incluso por los otros dos que no quedándose atrás se han decidido a entrar al mismo juego.
Así, lo que para unos resulta racional, el realizar fraude electoral, pues los lleva a ganar la elección,; para otros en cambio resulta racional el no participar en las elecciones pues el voto no cuenta. Siendo tal, que ambos aún tomando decisiones opuestas diametralmente y encontradas. Ambos son sujetos racionales.
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