Rusconi, Gian Enrico. Lógicas y modos de la confrontación política. El intercambio político.

El intercambio político es definible como una situación en que se negocian bienes de naturaleza diversa ubicados entre la economía y la política. Los protagonistas de la transacción son los grupos sociales organizados y el Estado, en varias combinaciones. Los bienes de naturaleza diversa intercambiados pueden ser los salarios, la ocupación, las inversiones, las facilidades de crédito, pero también la lealtad política, el consenso democrático o sencillamente la detención del disenso activo, el aplazamiento de sanciones.

El intercambio político adquiere una corporeidad particular en las relaciones industriales de los países capitalistas, a través del acuerdo formalizado entre los sindicatos, el patronato y el Estado definido como acuerdo “corporativista”. En términos generales, el sindicato, los patrones y el Estado se declaran positivamente interesados en intercambiarse favores y concesiones con la intención de una gestión casi gremial del desarrollo, asignando al estado el papel de garante de las reglas de juego.

El intercambio político es un todo con la práctica política de los sistemas democrático-parlamentarios occidentales. Uno de sus pre-requisitos es la presencia de un sistema funcionante de partidos. El intercambio político es un sistema de acción colectiva en que los diversos contratantes ponen en juego el sentido de su actuar, en una lógica de reciprocidad de la cual puede salir confirmada, reducida o desmentida, su propia identidad.

¿Cómo definir lo que es un bien político? Charles Lindblom señala que lo que hay de fundamentalmente equivocado en los intentos recientes de formular una teoría del intercambio político consiste en no ver que en política no se cambian los favores usuales personales como sucede entre individuos comunes, sino favores de autoridad. En política, los beneficios del ejercicio de autoridad constituyen los valores que se mueven en el intercambio.

Decir que el intercambio se vuelve de tipo político cuando la amenaza concierne al retiro del más amplio consenso social, es decir, de la colaboración al orden social.
El intercambio político no es el equivalente de lo que se realiza en el mercado económico. En un momento de lucha por la autoridad que gobierna las reglas de la transacción. Y tal lucha se juega alrededor de los potenciales de amenaza al orden existente. El intercambio político resulta así, una combinación entre la lógica del mercado y la lógica de la autoridad.

La autorregulación del mercado es una variante dependiente de una compleja organización social fundada sobre el principio de la autoridad y del poder legítimo, que tiene su cumbre en el Estado como depositario del monopolio de la violencia legítima, encuentra su corolario en la asignación al Estado del monopolio de la organización de las reglas del mercado.

La expresión de intercambio político intenta fijar una situación híbrida, móvil, media, que no sólo combina, sino que hace posibles los dos sistemas de acción: autoridad-mercado. La calificación de político referida al intercambio se justifica por el hecho que se considera “bienes de autoridad” que tienen la forma de mando.

Según Pizzorno, la situación del intercambio político difiere de la contratación colectiva en tres aspectos: a.- Los beneficios se obtienen bajo la amenaza a la continuidad del trabajo; b.- El poder de intercambio es una función de la necesidad del consenso, no de la demanda de trabajo; c.- Más de un actor puede concurrir con los sindicatos en la obra de mediación del consenso. El intercambio político transcurre siempre por medio de una representación organizada de los intereses, cuyos objetivos pueden estar situados estratégicamente en el corto o en el mediano plazo. El consenso es un recurso escaso en la sociedad contemporánea. El intercambio político toca directamente la reserva de legitimación del sistema político.

Los contrastantes del intercambio político no se dejan ubicar en los rasgos genéricos de los grupos de interés. De manera análoga resulta insuficiente el tipo de acción colectiva, porque la comunidad de intereses no es suficiente.

En el intercambio político está en juego la capacidad de evaluar el bien colectivo o de grupo como un bien “diverso” en cuanto implica la identidad que no es una cantidad calculada. La dificultad de definir la identidad colectiva de un grupo organizado surge por el hecho de que ella comprende dimensiones heterogéneas e incompatibles. Se configura una típica situación de complejidad: un sistema de más elementos subsiste en relación recíproca en un horizonte de posibilidades de nexos que son superiores en número a los que están efectivamente enlazados.

El intercambio político podría ser llamado un reductor de la complejidad que los actores políticos organizados crean dentro y alrededor de sí. Ello no homologa sus identidades, nivelándolas en una contabilidad unidimensional de dar y tener. El intercambio político presupone y confirma la no equivalencia de los sujetos y de los bienes en juego. Los diversos contratantes invierten en ello el sentido de su actuar colectivo. Experimentando al adversario en sus recursos y límites, reconociendo así realmente sus propios límites y recursos. La identidad resulta finalmente, el producto de una reciprocidad entre los contratantes, que no es sinónimo de paridad, sino de los contrario, de la comparación y de la confirmación de disparidad. De este intercambio, la identidad inicial resulta desmentida, confirmada o simplemente modificada.

Ante todo, el Estado no se contenta de presidir el intercambio. Se supone que ahí donde hay acción del Estado hay “plan”. En el mercado, todo sujeto (también colectivo) sabe lo que quiere, para el beneficio final de todos; en el plan, el Estado (o el programador), sabe lo que quiere, e nombre de los demás, para el beneficio final de todos.

El intercambio político no tiene estas pretensiones. No predefine los intereses, su solución; más bien permite y favorece la redefinición. Los contratantes se presentan con un conjunto de intereses en contraste con identidades contrapuestas, en una colocación de poder asimétrico, que sin embargo, no predetermina el resultado final.

En tal punto, se delinea otro papel del Estado, complementario al de contratante. Es el papel de garantía de que todos los sujetos sociales, dotados de identidad y de fuerza de contratación, accedan al intercambio político. Garantizar significa no operar discriminaciones entre sujetos, regular los modos de acceso frente al creciente e irreversible conflictivismo de la sociedad compleja.

La lógica del intercambio político ofrece soluciones diversas de las sugeridas por la resignación, sólo si se presenta mediante el análisis científico y la iniciativa política.

Comenzamos por precisar que la definición de Estado como garante de acceso al intercambio político no contiene una disminución de sus prerrogativas de autoridad o de otras formas potenciales de acción Ella designa simplemente el estatus intermedio que une su papel de contratante en el mercado con la posición de autoridad, que le deriva por ser sede legítima de la institucionalización de las reglas del intercambio. En el papel de contratante el Estado actúa como un órgano ejecutivo administrativo, de gobierno efectivo: en el papel de autoridad, el Estado actúa como representante de las voluntades de los ciudadanos, filtradas por los procedimientos democrático-parlamentarios, gestionados de hecho por el sistema de los partidos. La función de garantía del intercambio es el modo concreto de mantener juntas las dos dimensiones del Estado –a ejecutiva administrativa y la dimensión representativa general-.

La fórmula garante del acceso al intercambio político, en términos generales permite que la gestión del intercambio político se califique con objetivos y contenidos sustanciales.

El intercambio político es también un omentos de la lucha por la autoridad legítima que determina sus reglas, constituyendo así la plataforma por todo plan ulterior.