Bolivia
Aquí alzó la justicia su trono
que la vil opresión desconoce,
y en su timbre glorioso legose
libertad, libertad, libertad.
Esta tierra inocente y hermosa
que ha debido a Bolívar su nombre
es la patria feliz donde el hombre
goza el bien de la dicha y la paz.
Si extranjero poder algún día sojuzgar a
Bolivia intentare, al destino fatal se prepare
que amenaza a soberbio invasor.
Que los hijos del grande Bolívar
han ya mil y mil veces jurado
morir antes que ver humillado
de la patria el augusto pendón.
De la patria el alto nombre
en glorioso esplendor conservemos
y en sus aras de nuevo juremos
¡Morir antes que esclavos vivir!
Letra: José Ignacio Sanjínes
Música: Benedetto Vincetti
Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina –después de Haití–, con una población de 8 millones de habitantes y una deuda externa superior a 5 mil 500 millones de dólares, para cuyo pago destina casi 30% de su PIB, de acuerdo con datos de una investigación realizada por el Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Incluso el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia estimó en 2002 la deuda externa en 5 mil 41 millones de dólares.
Los ya casi 20 años de neoliberalismo sólo favorecieron a una elite empresarial y política y al capital extranjero, pero la economía nacional se estancó y en algunos casos retrocedió de manera alarmante.
El PIB per capita de este país se contrajo 76 dólares entre 1980 (cuando era de 1,011.6 dólares) y 2001 (cuando equivalía a 943.7 dólares), esto sin contar que este indicador cayó hasta 796.6 en 1986, 215 dólares menos respecto de 1980. Además, el valor de 1980 es el máximo que se registró en todo el periodo, Según datos ociales, las exportaciones de Bolivia para principios de los años 80 eran de unos 1 mil 300 millones de dólares, en 2003 fueron de 1 mil 650, o sea se avanzó muy poco. Por otra parte, el ingreso per cápita de los bolivianos que hace 25 años, en 1980, fue de 940 dólares al año; en el 2003 era de 870 dólares, es decir, se contrajo en 70 dólares o 8.05% durante los últimos 23 años, según el INE.
Ese mismo organismo reporta que 58.6% de los bolivianos es pobre y en el campo esta cifra se vuelve escalofriante: el 90% vive bajo la línea de pobreza. Según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 2003, en el área rural los pobladores subsisten con menos de un boliviano al día (10 centavos de dólar). De los poco más de 9 millones de pobladores de Bolivia, 3.39 millones son campesinos, el resto vive en el área urbana. De 1992 a 2001, la población ha crecido a un ritmo de 2.74% por año. Según datos del último Censo Nacional (INE 2001), 62% de los bolivianos de 15 o más años, se identica con algún pueblo originario: 31% se considera Quechua, 25% Aymara y otro 6% se identica con otras etnias.
Crisis laboral y pobreza
Como muy pocas veces en su historia, la fuerza laboral boliviana está soportando niveles inéditos de explotación y pobreza. En casi todas las actividades productivas, tanto en el sector público como en el privado, los trabajadores están siendo despojados de sus derechos laborales, perdiendo parte de sus conquistas y sus ingresos reales. Con salarios insucientes para cubrir el costo de la subsistencia de sus familias, los asalariados sufren el constante deterioro de sus condiciones de trabajo por lo que los niveles de subempleo se incrementan dramáticamente al igual que los del desempleo abierto.
Así, producto de la crisis de la economía boliviana, el desempleo es actualmente el más alto de los últimos tres lustros, lo que ha incidido, además, en agigantar la informalidad, donde se concentra cerca de 70% de la fuerza laboral boliviana. En el último cuarto de siglo, la población de pobres ha ido en aumento en Bolivia, según datos ociales del Censo Nacional de Población y Vivienda presentados por el INE.
En 1976, la población pobre alcanzaba poco más de 3.9 millones de bolivianos, mientras que en 1992, año del anterior Censo, la población de pobres fue de 4.5 millones de habitantes. Los últimos datos del Censo 2001 revelan que los bolivianos que estaban en condiciones de pobreza eran ya 4.7 millones. Estos resultados muestran que cuantitativamente en Bolivia hay más pobres que antes, aunque las proporciones de la pobreza con relación a la población total sean menores.
Los mismos datos que ofrece el BM en relación con variables relacionadas con el ingreso ilustran esta tendencia expuesta. Así, según el Censo de 1976 la pobreza alcanzaba a 85.5% de la población, mientras que en 1992 la pobreza aquejaba a 70.9% de la población, 12.3% por encima de lo registrado en 2001.
Los datos ociales de 2001 revelan que los departamentos más pobres del país son Potosí, Beni, Pando y Chuquisaca, en ese orden, con un nivel de pobreza que supera al 70% de la población asentada en esas regiones. Otras regiones con altos índices de pobreza son: La Paz (66.2%), Oruro (67.8%) y Tarija (50.8).
Los departamentos de Potosí y Chuquisaca muestran los índices más elevados de insuciencia educativa con más de 70%. En cambio, es en La Paz donde está el porcentaje más alto de población que recibe atención inadecuada en salud.
El informe ocial establece que, entre 1976 y 2001, el nivel de pobreza se mantuvo virtualmente inalterable en Potosí, ya que disminuyó 0.8%.
“Además de Potosí, los departamentos que menos redujeron la pobreza fueron Chuquisaca con 9.7%; Beni con 5%; La Paz 4.9% y Oruro con 2.4% en los últimos 24 años. En la actualidad, se estima que la pobreza agobia a 5.8 millones de bolivianos, estando más de 3 millones de ellos en la miseria. En el campo, 9 de cada 10 bolivianos son pobres, mientras que en las ciudades 4 de cada 10 bolivianos ostentan similar condición”1.
Pero mientras muchos se hacen más pobres cada día, unos cuantos acrecientan sus riquezas. Bolivia tiene la peor distribución del ingreso en América del Sur, agravándose la aguda desigualdad social y los conictos y luchas distributivas. En las áreas urbanas del país, los porcentajes sobre población se extrajeron de Banco Mundial. BADEINSO: Base de Estadísticas e Indicadores Sociales. Apartado sobre Pobreza y distribución del ingreso; la magnitud de la población estimada es el resultado de cruzar la población total con el porcentaje proporcionado por el Banco Mundial.
Cuadro 8
Las valoraciones del Banco Mundial para la medición de la pobreza en Bolivia son mucho más optimistas. Por ejemplo, a diferencia de la estimación de que para 1976 en Bolivia el 85.5% de la población era pobre, tenemos que en el 2002 esa variable sólo incluía al 62.4% de la población. Esto es que en términos relativos la proporción de pobres se ha reducido signicativamente.
No obtsante, en 2002 había 5.5 millones de pobres de una población de 8.82 millones de bolivianos. Ahora que en estado de indigencia sólo caen 1.87 millones de personas, esto es casi una tercera parte de los pobres reconocidos por el Banco Mundial.
Cabe destacar que en número absolutos el número de pobres aumentó en cerca de 700 mil personas de 1997 a 2002, aunque en términos relativos esto sólo signicó el aumento de tres décimas en la proporción de pobres.
Y que decir del número de indigentes que ha presentado un aumento porcentual y absoluto mucho más signicativo que la variación de pobres, pues en este caso el aumento es del 1.5% neto de la población entre 1999 y 2002, y el aumento es de 267 mil indigentes para ese periodo. El índice de concentración del ingreso aumentó en 11% entre 1999 y el 2002, mientras que a nivel nacional este índice aumentó 5%. “La brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado desde la aplicación del modelo neoliberal, en 1985, pero ha sido en los últimos años que esta diferencia se ha ampliado en proporciones inquietantes”.20 Las diferencias entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco son tan enormes que los mismos informes estadísticos ociales de la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE) y del INE muestran que la quinta parte de la población más acaudalada del país tiene en sus manos más del 60% de los ingresos, mientras que la quinta parte más pobre apenas si tiene acceso a menos de 2% del ingreso.
Otros informes de la CEPAL señalan que, en el periodo 2000-2001, el 10% de la población más rica del país concentraba 37.2% de todos los ingresos, monto similar al que obtenía en conjunto otro 70% de la población.
Los datos ociales muestran que hay una mayor concentración del ingreso y una mayor desigualdad en su distribución en el área rural, aunque es en el área urbana donde la brecha crece más rápidamente y se aproxima a los niveles rurales, donde 9 de cada 10 personas son pobres.
El Índice de Gini, para medir el grado de concentración del ingreso per cápita, aumentó en el área urbana de 0.487 a 0.539, entre 1999 y 2002. Este índice para el área rural es de 0.615. La desigualdad también se ha tornado muy extrema en los valles, donde el Índice de Gini registra un aumento considerable al pasar de 0.566 hasta 0.787, entre 1999 y 2002.
En el altiplano la cifra es de 0.582 y en los llanos de 0.575.21 Otros indicadores de la creciente inequidad y desigualdad social muestran que 5 mil familias acaudaladas tienen casi 1 mil 700 millones de dólares depositados como ahorros en la banca comercial, mientras que 600 mil familias pobres deben sobrevivir con menos de 50 dólares al mes, según datos del INE y de la Superintendencia de Bancos.
En un lado están los autos de lujo, los viajes a Miami, los sueldos mensuales de 60 mil bolivianos y los hoteles de cinco estrellas. En el otro, 3 millones de personas sin acceso
a la luz eléctrica ni agua potable.
Los movimientos sociales
Desde la expulsión de la transnacional Bechtel, en abril de 2000, los movimientos sociales bolivianos empezaron un camino de ascenso político que le arrancó varias enmiendas al modelo.
Los movimientos sociales en Bolivia están conformados por gremios campesinos, sectores indígenas aymaras (los mayoritarios y más combativos), quechuas y guaraníes. También se pueden contar a ciertos sectores urbanos y marginales que fueron golpeados por el neoliberalismo al gravar con altas tarifas servicios básicos, como en las ciudades de Cochabamba (que levantó lucha contra la Bechtel) y El Alto (que expulsó a la francesa Suez).
“Estos movimientos sociales, aun cuando muchas veces se enfrentan entre sí, se conocen en Bolivia como ‘la nueva izquierda’. En sí no tienen casi ningún vínculo con la izquierda tradicional, no son marxistas en ningún caso ni su discurso es fuertemente antiimperialista.
Pero se consideran de izquierda en cuanto su prédica y sus movilizaciones buscan enmendar el modelo neoliberal, nacionalizar los recursos naturales y quitarles las ventajas de las que gozan las transnacionales”2.
A pesar de los diversos intereses entre los grupos oligárquicos de Bolivia, la cohesión de clase que han manifestado ha tenido mayor consistencia que la que han presentado los movimientos de masas que se autoreclaman de izquierda o, al menos, opositores. No obstante, estas agrupaciones han encontrado diversos momentos de conuencia que les han permitido sentar a los personeros del gobierno a discutir, hasta el momento sólo hasta eso se ha conseguido, la aplicación de las medidas promovidas por el Consenso de Washington.
La ciudad de El Alto es uno de los centros urbanos más poblados del país. Según información del INE, tiene una población de 649 mil 958 habitantes en 2001 que corresponden a 28% del total de la población del Departamento de La Paz. En el Censo de Población y Vivienda de 2001, 81.29% de esta población se autoidenticó como indígena, fundamentalmente Aymaras. Y esta población es la que sufre una pobreza estructural. La pobreza urbana en el departamento de La Paz, de acuerdo con ese censo, es de 50.9%. La ciudad de El Alto es parte de esta pobreza. Es decir, más de la mitad de esta población es pobre porque no tiene satisfechas necesidades básicas como agua, salud, educación y vivienda. En buena parte, el levantamiento social es un reejo de estas condiciones.
El Alto ha sido parte importante de la historia de la lucha social y política de los pueblos indígenas en la Colonia y la República. En 1781 Tupaj Katari-Bartulina Sisa había construido uno de los “cuarteles indígenas” para cercar la ciudad de La Paz. En 1899 los Aymaras en El Alto contribuyeron en la conformación de una muralla humana para hacer frente al posible ingreso de las tropas “constitucionales” de Fernández Alonso en la guerra federal. En 1952 “se convierte en el escenario político para conrmar el triunfo de la Revolución Nacional”. El territorio de la actual ciudad de El Alto resume una larga historia de las luchas sociales indígenas. Hay una memoria de estas luchas sociales en la ciudad de El Alto que, de acuerdo con el sociólogo Pablo Mamani, se convierte en una fuerza de acción colectiva. Es una de las ciudades importantes con características indígenas-populares aymara, esto por su constitución demográca, social, cultural, política, lingüística y urbanística. Sobre esta base se han presentado parte de las nuevas luchas económicas, políticas y culturales actuales, desde la movilización social indígena-popular de grandes magnitudes.
“Ya se observa en los años 2000 y 2001 cuando ‘existe...en las protestas sociales,... formas de manifestación aymara en el lenguaje de la vestimenta y signicados: la pollera, sombreros y el lenguaje de los símbolos, yatiri, coca, pututus y wiphalas que desde una posición de destierro social gestan actos y ritualidades alternas a los elementos simbólicos al Estado’ ”3.
Bajo este contexto se dio la reconguración sociopolítica iniciada por las jornadas de septiembre y octubre de 2003, a través de una denición de identidad indígena urbana, que se acrecienta y se agiganta por la agresión estatal-municipal del alcalde José Luis Paredes y gubernamental-estatal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Algo más de cuatro semanas duró la primera etapa del levantamiento del pueblo boliviano de septiembre a octubre de 2003.
El 15 de septiembre, campesinos de la zona del lago Titicaca inician un bloqueo de carreteras en contra de la exportación de gas natural a Estados Unidos y para que se atiendan sus demandas sociales y políticas. Entre ellas, la puesta en marcha de un amplio plan de desarrollo rural y la exigencia de que el gobierno se retire de la iniciativa de crear en 2005 el Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA).
El 20 de septiembre se da un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y campesinos que concluye con la muerte de un soldado y cuatro civiles en la población andina de Warisata, cerca del lago Titicaca.
El 25, la Central Obrera de Bolivia (COB) se suma al conicto y convoca a una huelga general por tiempo indenido para comenzar el 29 de septiembre, exigiendo la renuncia del entonces presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada.
El 26 de septiembre, el Movimiento al Socialismo (MAS), dirigido por el líder cocalero Evo Morales, se une a la protesta. El 27 los ministros de Asuntos Campesinos y de Participación Popular acuden a la ciudad de El Alto para negociar una salida a la crisis con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), liderada por Felipe Quispe. El intento fracasa.
El 29 de septiembre comienza la huelga general indenida convocada por la COB. El 30 miles de personas participan, en La Paz, en una manifestación contra la exportación delgas a Estados Unidos. Desde el 15 y el 16 de septiembre se observó un desdoblamiento de tejidos sociales y culturales para inmovilizar la ciudad. Entre la primera y segunda semana de octubre se había masicado más ese hecho. Barrio por barrio, zona por zona y distrito por distrito se fue asumiendo un sentimiento de autoarmación propia sobre la construcción urbana indígena de esta ciudad. El Alto es una ciudad construida por sus vecinos en cuanto al aporte de su mano de obra y recursos para la construcción de calles, avenidas, mercados, canchas de fútbol, etc.
Además, hay una construcción social propia de la vida cotidiana fundamentada en amplias relaciones de parentesco, compadrazgos dispersos en el espacio urbano, amistades interbarriales de los jóvenes, relaciones más o menos comunes de procedencia desde los ayllus y comunidades del altiplano, los valles y regiones subtropicales de Los Andes; así pues, hay una construcción social que se maniesta en acciones colectivas contundentes. Sobre la base de este conjunto de hechos como cimientos sociales se pone en práctica un tramado de acciones colectivas, tales como el bloqueo de las avenidas, la toma de las calles, y multitudinarias manifestaciones, discursos politizados de sus dirigentes, que se convierten en fuerzas alternas al Estado.
Así, el 3 de octubre los cocaleros se suman a las protestas y a los bloqueos de carreteras. El 8 comienza en la ciudad de El Alto un paro cívico por tiempo indenido, con marchas y más bloqueos:
“El miércoles 8 de octubre de 2003 desde las primeras horas de la mañana se observa una importante movilización desde los barrios alejados y cercanos al primer cuadro de la ciudad de El Alto para tomar las avenidas, sus plazas, barrios y así inmovilizar la ciudad. Durante este día no hay actividades en el comercio, la banca, el transporte, etc. Se tejen durante el día comentarios en los distintos espacios de la vida social cotidiana urbana sobre lo que signica el nuevo paro cívico. Se exige y se comenta en las calles y en los lugares donde se realizan gigantescos bloqueos sobre la no venta del gas. Además, se comenta de que el gobierno de Sánchez de Lozada ‘es un gobierno hambreador’ que debe dejar el palacio. Así poco a poco se amplía y se refuerza el tejido social basado en agrios comentarios contra el gobierno y bromas y risas para hacer más sociable el levantamiento, por otro que se maniesta como una acción rme de paralizar la ciudad por tiempo indenido”.24
El 9 de octubre, en El Alto, dos personas mueren y al menos 16 resultan heridas
como resultado de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes (muchos
de ellos mineros llegados de Oruro). A las 10:30 horas aproximadamente, en Ventilla, las
comunidades de Amachuma, Tuni, Chañocahua, Parcopata, Icapa y Ayma sufren una violenta
agresión por parte de policías y militares, dejando dos heridos de gravedad. Senkata y Ventilla
se convierten en campos de batallas de piedras, gases y fusiles. Es uno de los primeros
escenarios de la masacre gubernamental. Los vecinos en esta zona y en otras gritan a viva
voz: “No queremos ver al gringo vendepatria”.25 Las zonas o lugares más aguerridos durante
este día fueron: Villa Adela, 1º de Mayo, Villa Avaroa, Cruce Viacha, Senkata, Ventilla, 16 de
Julio y la ex tranca de Río Seco, entre otros. Así dentro de estas relaciones se gesta la toma
directa de los barrios para preparar trincheras y fogatas. En algunas zonas se pone en escena
la wiphala multicuadriculada como señal de un posicionamiento político y de autoidenticación indígena. Hay una construcción de los símbolos del poder que se visibiliza como protesta. Asimismo se intercambian informaciones sobre lo que pasa entre una zona y otra. Y se teje un complejo tramado de acciones colectivas en cada espacio de la ciudad de El Alto4.
“En esa relación muchos de los que protagonizan los bloqueos y manifestaciones no se conocen, aunque sean de barrios vecinos, pero al calor y circunstancia de la realización de fogatas, se construyen amistades, solidaridades y hermandades signicativas para crear un mayor peso en las acciones colectivas de protesta”5.
Ese día arriban hasta Ventilla los mineros procedentes desde Huanuni y vuelven a anunciar su lucha, como antaño. En ese momento se juntan dos fuerzas, una la de los mineros y la otra de los indígenas urbanos y rurales del lugar.
Ante la noticia de la muerte de mineros y vecinos de la ciudad de El Alto, se produce un enfurecimiento y una movilización gigantesca de las zonas del sector sur de la ciudad de El Alto. El camino a Oruro es prácticamente tomado por la población. La avenida 6 de Marzo se ha convertido en escenario de guerra. Militares y policías, ante este hecho, tienen que abrirse paso a balazos y gases lacrimógenos. Por ejemplo en el cruce de la Avenida Bolivia se produce una avalancha humana de la zona Santiago II (barrio minero) y otros barrios aledaños para controlar la avenida 6 de marzo o camino a Oruro. Para el día siguiente, el viernes 10 de octubre, la ciudad de El Alto es una ciudad totalmente tomada por los alteños, pese a la militarización y un estado de sitio de facto que vive esta ciudad. Durante este día y el día anterior se recolecta agua de las casas de la zona o distrito II para ser enviados hacia Ventilla donde se encuentran los mineros. Al mismo tiempo se recolectan alimentos, particularmente en Santiago II. En Kenko y barrios del lugar también hay una preocupación para enviar agua y alimentos hacia Ventilla.
La toma directa de las calles y avenidas en El Alto implicó la construcción de trincheras de adobe, piedras, latas y vidrios. Se observa en el paisaje de la ciudad salir humos negros de los distintos lugares y calles como si se hubiera producido un bombardeo. Se queman llantas viejas y desperdicios o basura de las calles. Así, en esa área, antes del día domingo 12, no hay policía ni algún otro poder estatal.
El 11 de octubre, el gobierno ordena el despliegue militar en El Alto, donde se registran otros dos muertos, entre ellos un niño de 5 años de edad. El 12 estalla la insurrección popular en El Alto en rechazo a la represión.
La decisión presidencial de ocializar la militarización de El Alto “generó [...] la jornada más sangrienta en la historia de la joven ciudad y una de las más cruentas del periodo democrático”6. Ante tales acontecimientos las radioemisoras y en algunos canales de televisión difunden la existencia de heridos y pedidos de auxilio que no reciben atención inmediata.
Se ha disparado indiscriminadamente contra los manifestantes. Incluso cayeron niños que no eran parte de las movilizaciones. Hubo una arremetida militar indescriptible en las casas. Se actuó como contra un ejército regular cuando se trataba de una población desarmada.
Las calles, avenidas y plaza se llenan de cadáveres. Se generaliza la indignación total que se irradia rápidamente hacia otras ciudades como La Paz y otras vecinas de El Alto. La jornada de enfrentamientos en El Alto durante ese día deja 26 víctimas fatales, según reportes ociales. 25 de ellos eran civiles, sólo uno militar. La rebelión se generaliza y comienza a nacionalizarse.
Bajo este escenario, tras el asesinato y la masacre del domingo 12 de octubre por parte de las fuerzas del Estado encabezado por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, la población de la región del El Alto se moviliza hacia la cuidad de La Paz para exigir la renuncia del presidente de la República, sin dejar de descuidar los barrios porque una parte importante de sus habitantes se han quedado en la ciudad de El Alto.
El 13 de octubre de 2003, el gobierno se ve obligado ante la efervescencia popular a emitir un decreto que establece que “no se venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte a la población”. Pese a ello, el conicto se radicaliza. Violentos choques en la segunda jornada de insurrección en El Alto dejan al menos 32 muertos. El entonces vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo al presidente Lozada, aunque se mantiene en el gabinete, mientras que el ministro de Desarrollo Económico del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) presenta su dimisión, aunque tampoco el MIR se aparta del gobierno.
El 14 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) brinda su respaldo a Lozada, mientras que Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la crisis y su defensa incondicional “del gringo”. El 15, el gobierno anuncia la “convocatoria a un referendo consultivo sobre la política de exportación de gas, sobre una Asamblea Constituyente y sobre la ley de hidrocarburos”. Pero ya es demasiado tarde. Ha caído demasiada sangre popular para que las direcciones puedan negociar con él. El papa de la iglesia católica Juan Pablo II hace un llamado al diálogo en Bolivia. O sea, hasta el papa sale a defender la continuidad de Lozada. Unos 2 mil mineros que pretendían llegar a La Paz se enfrentan con el ejército y la policía en Patacamaya, mientras que los choques y la rebelión popular se extienden a Cochabamba. Al menos dos personas mueren en el oeste del país. Comienza la movilización de masas hacia La Paz.
El 16 de octubre, Sánchez de Lozada se niega a dimitir porque ello signicaría “la instauración de una dictadura narco-sindical”. La oposición política y social rechaza la oferta del gobierno de celebrar un referendo y vuelve a pedir la renuncia del mandatario. Brasil y Argentina envían delegados a La Paz para buscar “vías de diálogo que pongan n a la crisis”.
Así, también los gobiernos de Lula y Kirchner salieron a sostener a Sánchez de Lozada, pero ya era demasiado tarde... La plaza de San Francisco que rodea el palacio presidencial es ocupada por una multitud.
Al principio, el levantamiento social tiene la nalidad de incidir o en su caso cambiar las políticas públicas y de dominación étnica con estrategias de lucha más o menos planicados y direccionados. Se plantea decidir o incidir en el cambio o reforma de las políticas hidrocarburíferas y de recursos naturales en manos de las transnacionales como es la no venta de gas por puertos chilenos. Es un levantamiento social que termina exigiendo la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Así, se transforma en una construcción colectiva que apunta a tomar el espacio social y territorial para desde ese lugar y condición incidir o cambiar el curso de las condiciones de crisis del sistema político y la dominación étnica en confrontación con el gobierno, el Estado y los agentes encargados de esta dominación.
Así, el 17 de octubre, unos 250 mil personas28 (es decir cerca de 2.8% de la población total de Bolivia) exigen la dimisión de Sánchez de Lozada en La Paz. La Nueva Fuerza Republicana (NFR), miembro de la coalición de gobierno, se aparta denitivamente y pide la dimisión del presidente horas antes de que se reúna el Congreso. Lozada se reúne con los enviados argentino y brasileño y posteriormente con sus colaboradores y con el ex presidente Paz Zamora, a quien traslada su decisión de comunicar al Congreso su renuncia. Paz Zamora, aliado en la coalición del gobierno, anuncia la dimisión de Sánchez de Lozada, que se escapa en avión a Miami. El vicepresidente Carlos Mesa es juramentado como nuevo jefe de Estado.
La consolidación de la derecha y las trasnacionales
La disputa entre los diferentes actores políticos tiene que ver con la apropiación y uso de los recursos naturales de Bolivia. El objetivo entonces es apropiarse de las tierras y los recursos naturales. La “autonomía”, por ejemplo, la reclamada por el Departamento de Santa Cruz, sería el pivote político que permitiría una mercantilización a gran escala, de los grandes recursos que contiene la región.
Para comprender la compleja situación de Bolivia y en particular del Departamento de Santa Cruz (equivalente a la circunscripción territorial de “estado” en Brasil; “provincia” en Argentina, y “región” en Chile) es útil trazar un mapa del poder de la región.
Región postergada y olvidada de Bolivia, el oriente –particularmente Santa Cruz– alcanzó un notable desarrollo amparados en las riquezas naturales: la agricultura (soya en la actualidad), reservas forestales altamente rentables; ganadería vacuna y recursos hidrocarburíferos, a los que se agregan los hallazgos en minería de oro y otros metales, aunque desde sus comienzos y hasta hoy, Santa Cruz vivió bajo un sistema social basado en el “patronazgo” (todavía existen esclavos indígenas en estancias) y la existencia de “patricios” (autodenominados “cruceños”) y “plebeyos” (“cambas”, término que designaba indistintamente al indígena, al campesino o al peón de estancia).
Políticamente, esta elite de patrones que con el tiempo iban a adoptar el apelativo de “cambas” como identidad regional, apoyó golpes militares de orientación fascista como el de Banzer (1971) y el narcogolpe de García Mesa (1980). Parte del crecimiento económico de Santa Cruz en los 50, 60 y 70 se debe al petróleo del Chaco, región compartida por los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, que permitió el desarrollo de Santa Cruz como ciudad, pero que dejó al Chaco sumido en una miseria de la que no ha podido salir.
Este desarrollo estuvo respaldado en la administración departamental de las regalías petroleras, cuya exigencia lideró Santa Cruz hacia comienzos de los 60 y en la creación de cooperativas de servicios públicos, que permitieron el surgimiento de una clase media, fenómeno casi único en el país que, a diferencia de La Paz, no se basó en el segmento de empleados públicos-comerciantes. Desde los 70 y hasta los 90, la producción de estupefacientes y la economía del contrabando sumado a los repartos dolosos de tierras que hoy están en revisión, cimentaron el poder económico de las élites locales, pero contando con cierto amparo del gobierno central de La Paz, que también supo fungir como garante de créditos internacionales contraídos por empresarios cruceños (la corporación Unagro, por ejemplo).
Con un desarrollo económico, social y cultural poco articulado con el resto del país, el sentimiento de “autonomía” política y económica está fuertemente arraigado en la gente de esta región.
El boom del gas en Bolivia, cuyas mayores reservas están asentadas en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, ha creado un nuevo poder económico y político, emergente a partir de las transnacionales del petróleo que buscaron asociarse con las élites locales, incorporándolas a los mandos medios y consultivos de sus organigramas corporativos; o bien, a través de alianzas comerciales con empresas cruceñas de prestaciones de servicios, las cuales fueron manipuladas desde el interior de las corporaciones, por aquellos mandos medios señalados.
A su vez, los ejecutivos extranjeros de las petroleras, fueron invitados a formar parte de algunas instituciones “cruceñas” (comparsas carnavaleras, fundaciones ambientalistas, culturales, etc.). Esto potenció el poder económico de las élites dado que, sumado al empuje del capital externo en el sector agropecuario y las exportaciones de gas, llevaron a Santa Cruz a constituirse en el principal departamento exportador y el de mayor nivel de vida de Bolivia.
Ante el ascenso irresistible de los indígenas –que además de sus demandas de tierra y territorio buscan hacerse oír y hacer cumplir sus derechos consagrados por ley; ante una hipotética aunque temida insurrección del occidente del país; ante la discusión pública acerca de si nacionalizar o no los recursos naturales (gas y otros) y cómo nacionalizar; ante la emergencia de la vigilancia social sobre los recursos naturales por parte de varios sectores; el poder económico de Santa Cruz inició la búsqueda de “autonomía” en aras de “poder manejar nuestros propios recursos”. Este poder económico está organizado en varias instituciones: la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO); la Federación de Empresarios Privados y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, entre otras.
Una sublevación de las elites del oriente boliviano, apoyadas por algunos dirigentes de organizaciones populares, ha dado el primer paso hacia la toma del poder político del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Como parte de su estrategia política para alcanzar la “autonomía” dieron representación en el Comité Cívico, a un sector indígena guaraní, liderado por Bonifacio Barrientos, ya cooptado por las petroleras que representaba 10% del total de las comunidades de esta etnia, organizada en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
Luego incorporaron, con aportes de dinero y promesas varias por parte de los empresarios y las petroleras, a la Central Obrera Departamental (COD), al punto tal que el gerente General de los Empresarios Privados, Julio Kempff, compuso recientemente, la letra del himno de la COD: el himno proletario cruceño está compuesto por los patrones.
A partir de junio de 2004, el “aparato” empresarial acarreó a 35 mil chóferes, 4 mil obreros, 5 mil productores agropecuarios, 10 mil universitarios, 15 mil “gremiales” –comerciantes de los mercados, etc.– y “juntó” en un mitin, a 100 mil personas bajo el lema “Autonomía y Trabajo”.
En julio de 2004, la élite cruceña sufrió su primer derrota política cuando un alto porcentaje de ciudadanos acudió a votar por el Referéndum sobre el Gas, una de las demandas de octubre de 2003, pese al llamado a boicot por parte del Comité Cívico.
Decididos a lanzar el movimiento pro-autonomía, y con la excusa del decreto presidencial de n de año que autorizó la subida de los combustibles, tomaron edicios públicos y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), institución que realiza el saneamiento y titulación de las tierras. Para estas acciones utilizaron a “barra bravas” de equipos de fútbol, universitarios y desocupados; una tentativa de toma del poder en los mejores términos fascistas: contando con apoyo de sectores populares. La respuesta de las fuerzas armadas, que no avalaban el aventurerismo de los líderes cívicos, los hizo desistir de asaltar el poder departamental.
Pocos días después el Prefecto renunciaba, mientras el gobierno decidía darle un marco de legalidad a la “autonomía” de Santa Cruz.
Mientras tanto, los medios de comunicación (salvo pocas excepciones) se parcializaron en torno al conicto; en el oriente a favor de la autonomía y en occidente en contra del Comité Cívico Cruceño. De acuerdo con un boletín de La Haine “ningún medio desde el oriente se preocupó por hacer entender el movimiento en occidente y ningún medio en occidente se preocupó por entender lo que sucedía”7.
Esta parcialización acabó en un bloqueo informativo de un lado y del otro y una actitud deliberada de desinformar, trajo como consecuencia el reavivar viejos enconos regionales y raciales entre cambas y collas, que además imposibilitó y marginó de una discusión al resto del país y que nalmente acabó por fortalecer al propio gobierno, nacido sin partido político y, tras este conicto, con una bancada parlamentaria propia y manifestaciones de miles de ciudadanos de todo el país, en su favor.
Las maravillas mediáticas volvieron a hacer de las suyas: en octubre de 2003 los medios de información lograron “imponer” líderes sociales a una insurrección popular espontánea y atribuir la “Guerra del Gas” a 4 dirigentes sindicales, en enero de 2005 lograron dividir el país en dos, haciéndolo retroceder 50 años y fortaleciendo la gestión de su ex colega y presidente Carlos Mesa, quien fue “gurú y referente de toda la prensa hasta hace 4 años”8.
Así las cosas, el “Cabildo” del viernes 28 de enero (gura jurídica colonial hoy inexistente en el país) no eligió a un nuevo Prefecto, acción que constituía la 2ª alternativa de las elites para imponerse de facto en el poder departamental y, con el aval del gobierno, sólo se nominó a una asamblea de 200 legisladores y 4 delegados de etnias regionales, sobre la que recaería la autoridad autónoma regional de transición.
Todo parece indicar que el poder económico de Santa Cruz prevé llegar a la Asamblea Constituyente con representantes “pro-autonomistas”, monopolizando la voz de Santa Cruz y dejando a las etnias indígenas sin representación alguna o al menos presentarse como la voz mayoritaria de la región, privilegiando sus intereses.
El 29 de enero, un día después de celebrada la reunión del “Cabildo”, la Asamblea de Pueblos Guaraníes –conmemorando la Masacre de Kuruyuki de 1892, realizada por el gobierno y los terratenientes cruceños–, a través de un comunicado, exigió: “una verdadera autonomía regional que signica la reconstitución de nuestro territorio originario [... en el] que hoy se encuentra la mayor riqueza económica del país: el gas... Proponemos a la Nación Boliviana que... se debe crear el ‘Departamento del Chaco’...”9.
De acuerdo con este pronunciamiento, el primer conicto que enfrenta el autonomismo cruceño es la autonomía de los territorios donde se encuentra el gas, lo cual enfrenta a las elites con las etnias de oriente que reclaman autonomía para sus territorios desde hace años. Pero la autonomía efectiva de territorios indígenas a manos de la población originaria supondría que tampoco el nuevo gobierno autónomo de Santa Cruz tendría bajo su jurisdicción directa los recursos naturales (gas y otros), objetivo real de las elites. En ese sentido, la renta por los hidrocarburos se escabulliría de sus manos y los portentosos ingresos irían a parar mayoritariamente a las comunidades indígenas.
Son los pueblos indígenas, que desde hace 10 años ejercen una celosa vigilancia social sobre los recursos naturales frente a las corporaciones petroleras, la gran barrera para el gran afán de la elite: un meganegocio con esos recursos. De ese negocio existen notables muestras, como por ejemplo, Fundación Bosque Seco Chiquitano –donde participan Enron y Shell– se abrogó la conservación del bosque sin ninguna autorización y violando la ley; también están los acuerdos rmados sobre la reserva de Huanchaca, con la British Petroleum y American Electric Power y Pacic Corp. (acusada junto a Sempra y otras compañías, de provocar una crisis energética articial en California, en 2001), como “sumidero” de carbono para que estas empresas puedan seguir contaminando el medio ambiente.
“Parte del esquema trazado es que el gobierno autónomo sería un facilitador de operaciones de este tipo que no son sino privatizaciones encubiertas de los recursos naturales bajo el pretexto de la conservación, despojando nuevamente a los pueblos indígenas y a la gente toda, de las fuentes que cimentan nuestras vidas”.
Ahora bien, en relación con la explotación de las ingentes riquezas energéticas de
Bolivia, los resultados indican millonarias ganancias para las transnacionales petroleras:
“La rentabilidad en la industria del petróleo y gas en Bolivia es sumamente alta: ‘por cada dólar invertido, la empresa petrolera gana 10 dólares’, admitió Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol YPF en Bolivia, empresa que intenta, junto a otras, desarrollar un atractivo negocio al transportar gas del sur boliviano hasta los mercados de Estados Unidos”10.
Las petroleras extranjeras tienen el control absoluto y la propiedad de las reservas de este energético no contaminante. Su explotación, transporte, comercialización y venta en los mercados internos y externos es privilegio de estas mega empresas. En cambio, para el Estado boliviano y sus ciudadanos no queda otro rol que recibir los impuestos y regalías más bajos de la región.
De acuerdo con datos ociales, las estimaciones de la actual exportación de gas a Brasil –por ejemplo– arrojan que las transnacionales obtendrán un ingreso de más de 5 mil millones de dólares en dos décadas, mientras que el Estado boliviano apenas recibirá en impuestos y regalías alrededor de 80 millones de dólares al año.
Lo propio acontecería con la proyectada venta de gas a los Estados Unidos, negocio que aún no despega por la amplia oposición de sindicalistas, sectores sociales, intelectuales, militares y policías.
“Los ingresos previstos para las petroleras será superior a los mil millones de dólares al año (1 mil 369.6 millones de dólares), explicó en su momento el presidente de la transnacional British Gas, Edward Miller, mientras que en impuestos y regalías el Estado boliviano sólo recibiría entre 70 a 80 millones de dólares anuales, según las previsiones del ex superintendente de Hidrocarburos, Carlos Miranda, y del experto independiente, Francesco Zaratti. De acuerdo con estimaciones de Gabriel Tabera esto signicaría que, sólo en la exportación de gas a Estados Unidos, por cada dólar que se entregue al Estado y a las regiones, las petroleras extranjeras se embolsarán casi 20 dólares”11.
El multimillonario proyecto de Pacic LNG, consorcio conformado en junio del 2001 por las trasnacionales British Gas (BG), British Petroleum (BP) y Repsol/YPF, consiste en la exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas hasta los mercados de Estados Unidos durante 20 años. En todo ese tiempo se estima que, desde los campos hidrocarburíferos del sur de Bolivia, se suministraría un total de 6.26 trillones de pies cúbicos de gas a la industria y a la comunidad estadounidense.
El transporte del gas –un energético cada vez más valioso por ser ecológico y poco contaminante– se daría en dos fases. La primera, consistiría en el transporte del combustible en un gasoducto desde los campos de Tarija, Bolivia, hasta el puerto chileno de Patillos en el Pacíco. En ese puerto, se instalaría una planta para licuar el gas.
En la segunda fase, el gas ya convertido en líquido sería transportarlo en barcos metaneros, vía marítima, hasta un puerto en Norteamérica donde se lo regasicará para luego ser transportado por la distribuidora estadounidense Sempra a través de ductos hasta California, en Estados Unidos.
La ingeniería del proyecto, la elección del puerto, las negociaciones con los compradores en Estados Unidos (el consorcio Sempra Energy, subsidiaria de Enron) y los precios de compra y venta del energético son responsabilidad exclusiva de Pacic LNG. Como es un negocio privado, el Estado boliviano sólo participa como coadyuvante en las gestiones de trámite internacional para viabilizar los contratos binacionales, en la concesión de los puertos de embarque y licuefacción del gas en el Pacíco y avalando los compromisos privados en el tiempo. Sin embargo, la generalizada percepción ciudadana sobre los escasos benecios que reportará este negocio para Bolivia y la elección de un puerto chileno como vía de salida virtualmente han obligado al gobierno a tratar de mostrar que en materia de gas el Estado es algo más que un simple cobrador de impuestos.
Como en Bolivia hay un arraigado sentimiento antichileno, resultado de la guerra del Pacíco de 1879 y de la pérdida del litoral marítimo, las autoridades generaron un curioso y estéril debate nacional sobre la conveniencia de exportar el energético ya sea por puertos chilenos o por puertos del Perú, a pesar de que Pacic LNG ya hizo su elección por el puerto de Patillos, en Chile. La salida del gas boliviano por puertos peruanos nunca fue sugerida, ni menos alentada, por este consorcio transnacional, que es en denitiva quien tomará la decisión de exportar o no el gas hacia los Estados Unidos, pues hasta el momento es la propietaria de las concesiones otorgadas por el Estado boliviano.
Por ello, no es extraño que las mismas autoridades del ministerio de Hidrocarburos publicitaran los resultados presentados por Global Energy, una consultora contratada por el gobierno, que recomendó al puerto chileno de Patillos como la mejor vía de salida del gas boliviano, tal como quería el consorcio Pacic LNG.
En el puerto se prevé una inversión de 2 mil 500 millones de dólares para infraestructura portuaria y una planta de licuefacción. El proyecto, en su conjunto, demandaría una inversión de 5 a 7 mil millones de dólares durante un quinquenio.
Pese a ello, el negocio exportador ha estado virtualmente congelado, ante el temor de una espiral de conictos sociales. Amplias movilizaciones de la población han dejado en claro que no están de acuerdo con la venta de gas a Estados Unidos en condiciones tan desventajosas para el país.
Así, bajo los auspicios del Estado boliviano, las transnacionales que operan en ese país están amasando verdaderas fortunas al lograr uno de los más altos índices de ganancia en la industria petrolera mundial. Informes ociales del gobierno boliviano establecen que las transnacionales que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo y gas en la región tienen los costos de producción más bajos del mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional.
Un estudio ocial, presentado el 8 de diciembre de 2003 en La Paz, estableció que las transnacionales Repsol, YPF y Amoco, que han tomado el control de la ex empresa estatal boliviana YPFB, presentan los costos unitarios de producción y de exploración de hidrocarburos más bajos entre 200 empresas analizadas a nivel mundial.
El costo promedio para la producción de un barril equivalente de petróleo es de 5.6 dólares a nivel mundial, pero en Bolivia ese costo se reduce en el caso de Repsol/YPF a tan sólo 1 dólar y en el de Amoco a 0.97 dólares.35 En el ámbito internacional, únicamente la petrolera Niko Resources tiene un costo de producción más bajo (0.87), según consigna la publicación internacional Global Upstream Performance Review 2003.
Las otras transnacionales que operan en Bolivia como Total, Maxus, Petrobras, British Gas, Panamerican Gas y Shell, entre otras, también tienen costos bajos, producto de las excesivas y onerosas concesiones que el Estado les ha otorgado desde la década de los 90, cuando se privatizó la industria petrolera boliviana y se desmanteló la empresa estatal.
Los costos de producción incluyen gastos operativos, costos de mantenimiento de pozos, costos de infraestructura y equipamiento, gastos administrativos directos e impuestos de producción.
Al inujo de las políticas neoliberales, inmersas en la corrupción y el entreguismo, todas las inversiones y trabajos de prospección, exploración y desarrollo de campos realizadas por el Estado boliviano beneciaron directamente a las petroleras extranjeras, que sin invertir demasiado encuentran gas y petróleo a raudales. Así, no es casual que las transnacionales tengan también los costos más bajos en la búsqueda y desarrollo de un barril equivalente de petróleo, que es de 8.58 dólares a nivel mundial y de 5.66 dólares el promedio latinoamericano. Este costo en el caso de Repsol YPF es de apenas 0.40 dólares por barril equivalente de petróleo, que es 20 veces más bajo que el promedio internacional y 14 veces más bajo que el latinoamericano.
El resto de las empresas transnacionales que operan en Bolivia tienen similares indicadores y sus perspectivas para acrecentar sus ingresos son enormes. Con una escasa tributación, costos tan bajos y aprovechando al máximo del trabajo anterior desarrollado por el Estado, invertir en Bolivia se ha convertido en sinónimo de altas ganancias y escasos riesgos, por lo menos para los grandes inversores.
Los benecios que obtienen las transnacionales se acrecientan en Bolivia, no sólo por la vigencia de los bajísimos costos de producción y los reducidos impuestos (las petroleras pagan apenas 18% del valor de la producción hidrocarburífera en boca de pozo), sino también por los reducidos márgenes de la renación de hidrocarburos y su conversión en gasolina, gas licuado y otros carburantes que son comercializados en el mercado interno al precio internacional. Así, los consumidores privados e industriales de Bolivia deben pagar por sus carburantes como si fueran importados desde Kuwait o Arabia Saudita, todo en benecio de las transnacionales petroleras, que además tienen la capacidad tecnológica y administrativa para maquillar sus cuentas nancieras, burlar los endebles y corruptos controles estatales y presentar un nivel de ganancias debajo del real para así pagar menos impuestos.
Según los informes gubernamentales, las petroleras extranjeras que explotan los recursos naturales no renovables de Bolivia pagan muy pocos impuestos. Así, en el quinquenio de 1998 a 2002 Repsol YPF pagó apenas 4.3 millones de dólares como promedio anual, mientras que Amoco pagó 5.2 millones de dólares. Repsol YPF poseía, al 31 de diciembre de 2002, derechos sobre 38 bloques: 13 bloques de exploración, con una supercie neta total de 13 mil 670 kilómetros cuadrados y 25 bloques de explotación con un área total neta de 1 mil 770 kilómetros cuadrados. Su producción neta del año 2002 fue de 6.9 millones de barriles de petróleo, incluyendo condensados y líquidos separados del gas natural, y 88.5 billones de gas natural, fundamentalmente de los campos operados por Andina y del Bloque Mamoré.
Las reservas probadas netas de petróleo y gas natural a n de año se estimaban en 1 mil 293 millones de barriles.36 Las mismas cifras ociales, presentadas en diciembre de 2003 por el entonces Delegado Presidencial para la Capitalización, Juan Carlos Virreira, conrmaron lo que ya advertían desde tiempo atrás los sectores laborales y populares que reclamaban la renacionalización de la industria del gas y el petróleo. Hasta ahora, las empresas petroleras que invierten poco van a los seguro, gastan casi nada y ganan a manos llenas; Bolivia ha sido un paraíso, que quieren preservar a toda costa.
La demanda popular por rescatar el gas y el petróleo para los bolivianos, refrendada con sangre en las luctuosas jornadas de septiembre y octubre, en la denominada guerra del gas, que concluyó echando del poder al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aún no ha sido tomada en cuenta por los gobernantes.
Las autoridades del gobierno de Carlos Mesa anticiparon que no habrá nacionalización ni conscación de las propiedades y derechos de las empresas extranjeras y que posibles cambios en la tributación petrolera se realizarían sólo si los consorcios extranjeros los aceptaban.
A lo más que llegó el gobierno de Mesa fue a la pretensión de establecer un impuesto a la producción hidrocarburífera que elevaría el pago neto de regalías e impuestos de 18% a 22%, con lo que no se modicaría sustancialmente la situación de las transnacionales.
En la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, “Goñi” o “el gringo”12 como popularmente se le llamó, se cosecharon multimillonarias comisiones en dólares estadounidenses por el remate de las empresas estratégicas de Bolivia, pero inexplicablemente un tiempo después el grupo económico al que representa sufrió algunas deserciones, que felizmente con la intervención de Carlos Mesa a partir del 8 de marzo de 2005 se reagruparon.
Los fundadores de esta agrupación expresaron su público reconocimiento al esfuerzo desplegado por Carlos Mesa y los organizadores (léase gabinete) que lograron reunirlos e integraron como nuevos fraternos del grupo en el poder –los derrotados de octubre de 2003 y ahora los independientes–.
Este año la “Gran Danza de los Millones” tiene como prestes a las transnacionales del petróleo y el gas, quienes para motivar la participación de la “fraternidades” empresariales bolivianas –como las llama Carlos Rojas, uno de los integrantes de la Comisión Política de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto– ofrecen un premio estímulo de 4 mil millones de dólares estadounidenses13 a quienes concreten el negocio del gas, lo que naturalmente ha desatado el desenfrenado frenesí de antiguos y nuevos integrantes de la “Fraternidad Acuerdo Nacional”.
El interés por asegurarse el premio los llevó a la discusión de quién debería ir a la cabeza de la “fraternidad”: Carlos Diego Mesa Gisbert, Hormando Vaca Diez o Mario Cossío Cortés; el impasse fue superado con la intervención de los auspiciadores de la esta, que a través de Condolezza Rice y David Nicol Greenlee (“responsables y custodios de la platita hasta el momento de la premiación”14) sugirieron la raticación de Carlos Diego Mesa Gisbert, heredero natural de Gonzalo Sánchez de Lozada (que aún está de vacaciones forzosas).
Queda aún por denir cómo y cuándo entrarán la inversión estadounidense, para ser repartida asimétricamente entre todos sus integrantes dependiendo del grado de participación en el reparto de liquidación de hidrocarburos de Bolivia.
El chantaje del presidente Carlos Mesa –como ha sido calicada por la oposición la fabulosa renuncia presentada por el presidente– fue aprovechada al máximo por el grupo en el poder: los empresarios asociados a las transnacionales y por el poder mediático que transmitieron la visión parcializada de que “la mayoría” de los bolivianos y bolivianas, con pañuelitos blancos, quieren paz y respaldan la unidad y condenan los bloqueos. Esto a pesar de que Carlos Mesa asumió el poder presidencial –como hemos expuesto– como consecuencia de una amplia movilización social, sin que él estuviera a favor de tal movilización.
“¡Mano dura, mano dura!”, exigen los que presuntamente clamaban paz; “¡Evo y Mamani al paredón!” coreaban los que pedían unidad, mientras el Jefe de Estado les aplaudía desde los balcones de Palacio de Gobierno15.
La Bolivia rebelde, ahora criminalizada, no participó en el show mediático: algunos aún bloquean y cortan caminos y carreteras, otros se movilizan por demandas concretas de una agenda nacional y los más trabajan para buscar su sobrevivencia diaria. Quienes forman esa Bolivia son la mayoría de los bolivianos, son quienes llevaron a la destitución del símbolo de la política neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora refugiado en Estados Unidos; son quienes ahora enfrentan la criminalización de los movimientos sociales, pilar de los pueblos indígenas, campesinos, colonizadores, sin tierra y otros sectores sociales.
En este período de horas y días de incertidumbre, Carlos Mesa renunció, chantajeó y ahora continúa en la Presidencia de Bolivia. ¿Quiénes le apoyan? Los parlamentarios del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), MIR, Nueva Fuerza Republicana (NFR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), los mismos partidos que conformaban la gran coalición de “Goni” y que ahora rmaron un “Pacto de Unidad Nacional” con el compromiso de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos, impulsar el referéndum sobre las autonomías, la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la suspensión de las medidas de presión y los bloqueos de caminos.
El MAS) de Evo Morales y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) de Felipe Quispe, los dos líderes indígenas con representación parlamentaria, rechazaron la rma del acuerdo político y sellaron la unidad en el “Pacto por la Defensa de la Dignidad y Soberanía Nacional”. Ambos tienen la certeza de que la estrategia de Carlos Mesa es “liquidar los movimientos sociales”.
Por una parte se unicó la fracción tradicional de poder económico y político con el presidente Carlos Mesa y por el otro los movimientos sociales con la Central Obrera Boliviana (COB), las organizaciones campesinas, indígenas, sin tierra, colonizadores, originarias, vecinales y populares.
El 6 de marzo de 2005, el presidente Mesa a poco de presentar su renuncia fustigó a dos representantes del movimiento popular: el diputado cocalero Evo Morales y el dirigente vecinal alteño Abel Mamani, tratando de satanizarlos y criminalizarlos con la población como los causantes de todos los males de esta nación; el martes 8, cuando fue raticado en su cargo, el Jefe de Estado, le solicitó a Morales que “con su espíritu patriótico” inicie diálogo para que se sume al pacto condicionado. Trataron de fustigar a los dirigentes del movimiento popular, no los pudieron derrotar, tal vez coyunturalmente satanizar en algunos medios de comunicación comerciales, pero la creciente movilización social se impone.
La participación de los Estados Unidos
El 15 de enero de 2005, un informe del Consejo de Inteligencia de Estados Unidos, denominado Mapa del Futuro Global identica a Venezuela y Bolivia como dos países que forman parte del “eje del mal”.
La administración de George W. Bush, bajo el pretexto de “terrorismo internacional” puso en la mira al gobierno bolivariano de Hugo Chávez y al MAS de Evo Morales.
El 17 de febrero, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice, armó: “estamos muy preocupados por ese partido”, por el MAS, días antes, el 20 de enero, el funcionario del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Jimmy Hill, acusó a Morales de recibir ayuda nanciera de Venezuela. Bajo esa perspectiva es que hay que considerar la estrategia mediática desplegada por el gobierno de Carlos Mesa para buscar restar base social al movimiento de los cocaleros. por la defensa de los recursos naturales, por la dignidad y soberanía nacional, nuestra lucha –a diferencia de la clase política corrupta, de las transnacionales y del imperialismo norteamericano– es por la vida y para eso incluso estamos dispuestos a morir”, aseguró Evo Morales.
La insistencia de Morales ante la intromisión estadounidense en la política de Gobierno de Bolivia es clara: “El Movimiento al Socialismo (MAS)-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y los movimientos sociales de Bolivia, denunciamos el intento de pisoteo a nuestra soberanía y dignidad nacional y la descarada intromisión en asuntos internos de parte de Estados Unidos.16.”
A pesar del acuerdo político de los partidos tradicionales con Carlos Mesa, los con-ictos sociales siguen y suman. El primer artículo de la Constitución Política del Estado dice: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en república unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y la solidaridad de todos los bolivianos” es esgrimido por los grupos opositores mayoritarios en contra del gobierno establecido.
El bloqueo de caminos, las masivas movilizaciones, la toma de pozos petroleros y otras medidas de presión que se reiniciaron el lunes 21 de febrero de 2005 en todo el territorio nacional se realizaron en defensa de la unidad del país, la recuperación de los hidrocarburos, la realización de la Asamblea Constituyente, la defensa de la soberanía y dignidad nacional y la expulsión de la transnacional Aguas del Illimani.
La agenda común que los diversos movimientos sociales ejercen se resume en: n La defensa de la unidad del país, entendida como el rechazo a cualquier tipo de convocatoria de un referéndum sobre autonomías o la aprobación de una ley de autonomías, por constituir sólo pretextos para dividir el país y evitar la Asamblea Constituyente.
n La recuperación de los recursos naturales con la aprobación inmediata de la nueva Ley de Hidrocarburos que garantice la recuperación de todos los hidrocarburos para el Estado Boliviano, el incremento de las regalías a 50%, la refundación de YPFB (la petrolera estatal desmantelada y rematada por Gonzalo Sánchez de 42. Lozada) para que opere en toda la cadena productiva y con un título de derechos indígenas y originarios y de protección del medio ambiente.
n La aprobación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente que garantice una Asamblea Constituyente Soberana, Participativa, Incluyente y Originaria. La expulsión de la ciudad de El Alto de la empresa Aguas del Illimani y la transnacional Suez y la constitución de la nueva empresa de agua potable en La Paz y El Alto de carácter social y sin participación privada.
n El rechazo a la aprobación de la inmunidad para soldados y súbditos estadounidenses, lo mismo que a las negociaciones del país sobre el TLC y el ALCA hasta que la Asamblea Constituyente dena el nuevo Estado.
n El inmediato procesamiento mediante juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y a todos los actores materiales e intelectuales de la masacre de octubre de 2003.
Esas son las demandas populares basadas en la “agenda de octubre de 2003” que el presidente Mesa juró cristalizarlas. A 17 meses de su gestión, el Jefe de Estado que presumía de tener orfandad política y se sentía acorralado por diferentes sectores, se alió a los partidos tradicionales y se alejó de los movimientos sociales.
Con esa actitud, la brecha social que existía y existe en este país lamentablemente creció peligrosamente. Así, el futuro aún es incierto aunque es seguro que seguirán creciendo los conictos sociales debido a que las políticas neoliberales no se han cambiado. Siendo los movimientos sociales los que pugnan por una transformación de modelo económico, ya que el existente da muestras de agotamiento y las consecuencias en el presente siglo son imprevisibles.
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